Chile: la Convención Constituyente llega a su segundo mes con la intención de escuchar a todos

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La Convención Constituyente alcanza su segundo mes, de los nueve inicialmente previstos para dotar a Chile con una nueva Carta Magna, con las primeras sesiones en regiones en un intento de descentralizar los poderes centrales, en lugares excluidos, como la cárcel de mujeres de Santiago y con el rol protagónico de actores vinculados a la defensa de los derechos humanos. También con una solicitud de aumento de su presupuesto.

Fue un mes intenso, en que las comisiones especiales transitorias designadas para escuchar a decenas de movimientos sociales y distintos actores se pusieron en marcha con el fin de elaborar el reglamento interno que regirá el funcionamiento del organismo y precederá a la redacción del nuevo texto.

Se vio una Convención Constituyente diversa que por primera vez, en el caso de una institución pública, sesiona desde regiones, haciendo suya esa frase tan escuchada que reza que “Santiago no es Chile”.

La Convención se acercó a los lugares tradicionalmente más desprestigiados y marginales de la sociedad chilena, en concreto la cárcel de mujeres de San Joaquín de la capital, desde la que se pronunció una de las mejores frases de la gira al país del papa Francisco, la que dijo la capellana Nelly Luna al señalar que “en Chile se encarcela la pobreza”.

“Queríamos inaugurar la voluntad que tiene la Convención Constitucional de sesionar en distintos espacios y distintas cárceles a lo largo del país”, explicó la convencional Giovanna Roa. “Queremos que en nuestro reglamento de participación quede establecida la necesidad de venir a recoger estas voces”, señaló Roa, con objeto de que nadie quede excluido, y también la población carcelaria sea parte del proceso Constituyente.

Ha sido histórica y “una jornada tremendamente emotiva, nos vamos con documentos que son depositarios de los sueños, de los dolores, y esperanzas de las mujeres privadas de libertad”, señaló el convencional Pedro Muñoz, recalcando que el proceso constituyente ha de ser amplio e inclusivo y la necesidad de escuchar a los que “nunca tuvieron voz”.

Los convencionales incidieron en la necesidad de dar a los presos derecho de voto (algo que la ley les niega en la actualidad) en el plebiscito de salida de la nueva Carta Magna, que será obligatorio para todos los chilenos y previsto en 2022.

El final del mes se vio marcado por solicitud de la Convención de ampliar su presupuesto en poco más de 2,2 USD millones (1.700 millones de pesos chilenos), porque según estableció la presidenta, Elisa Loncón, el presupuesto fue originalmente diseñado desde una oficina y no contempla las necesidades que se requieren para hacer el trabajo territorial y llegar a todos los rincones de Chile.

Según argumentó en conferencia el vicepresidente, Jaime Bassa, la partida, aunque pueda parecer abultada, haría más eficientes los costos del organismo.

Garantías de no Repetición

En jornadas maratonianas, algunas de las comisiones, como la subcomisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, recibieron hasta 300 solicitudes y quince organizaciones sociales por día, de diversos temas y de todo el arco político. Se trata de escuchar a todos los actores para tener en cuenta sus puntos de vista que se volcarán después en el texto, que se espera comenzar a escribir en octubre, una vez sea votado el reglamento en lo general (10 de septiembre) y en lo particular a final de mes.

Por esta comisión de especial importancia dada la historia pasada y reciente de Chile, pasaron en un solo día organizaciones de derechos humanos, ecologistas, intersexuales o de migrantes, de todo el espectro político.

Las víctimas de traumas oculares denunciaron su situación y reclamaron ayuda

Una de las sesiones más destacadas fue la que se dio al recibir a la Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular (CVTO) que agrupa a más de 100 víctimas de las casi 500 que existen en Chile con pérdida parcial o total del vista y globos oculares o, en los casos más dramáticos, de ambos ojos, como consecuencia de agresiones de agentes del Estado ocurridos durante y en meses posteriores al estallido social de octubre de 2019.

Estas víctimas, como muchas otras de las que sufrieron en esa etapa graves violaciones a sus derechos humanos, casi dos años más tarde y después de concluyentes informes de varios organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, aún no reciben justicia.

La Coordinadora realizó una exposición de tres de sus miembros, César Galloso, vocero y víctima, Nelson Iturriaga, y Nicole Kramm, víctimas, en las que explicó la situación actual de muchos de ellos, que se encuentran sin trabajo, han tenido que reinventarse a o están sufriendo episodios de depresión, intentos de suicidio o de problemas mentales de diversa índole.

En su momento, los expertos señalaron que en Chile hubo más víctimas en los ojos en los meses posteriores al estallido que en tres décadas de conflicto palestino-israelí, por ejemplo.

El Colectivo solicitó a la Convención una reparación total por parte del Estado, que debe de hacerse cargo de la parte médica, psicológica, emocional y laboral de los afectados, con un petitorio que incluía la solicitud de formación técnica y universitaria con profesionales adecuados, además de compensarles económicamente por el terrible impacto que tuvo en sus vidas.

“Hay que visibilizar la ausencia total del Estado, el abandono en la parte médica y judicial. Uno puede presumir que no va a pasar nada. Todos los responsables de esto, de más de 500 personas con trauma ocular en todo el país, no han sido juzgados”, relató a France 24 Nelsón Iturriaga, afectado por trauma ocular por la acción policial durante las protestas.

Este hecho, relató ante la Convención, “cambió mi vida y la de mis familiares para siempre”. Iturriaga perdió como consecuencia de su lesión su trabajo como jefe de obra en el sector de la construcción.

Imposibilidad de reinventarse

La subcomisión y todos sus miembros, entre ellos una de las máximas autoridades mapuche, la Machi Linconao, agradecieron personalmente la exposición de Galloso, Iturriaga y Nicole Kramm, una fotógrafa herida el 31 de diciembre de 2019 que habló desde Bélgica vía online, y a todas las víctimas que representan. Muchos constituyentes fueron elegidos por el electorado gracias a la visibilización de sus casos.

“Es importante que lo que nos pasó no quedé en el olvido”, señala Iturriaga. “Las secuelas que se repiten entre la mayoría de las víctimas son bastante graves y van desde estrés a la depresión y la angustia”, explica. El día a día de estas personas fue alterado totalmente debido a la complicidad que supone calcular el espacio de campo correcto, algo que deriva en constantes complicaciones.

La comisión también recibió entre más de 300 solicitudes de audiencia, al Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, un organismo que está tratando de aumentar la conciencia y la difusión de conceptos básicos de derechos humanos entre las nuevas generaciones de Chile. Una nueva garantía de no repetición, a través de la educación.

Aumentar el nivel de democracia

“Estamos contentos de haber participado para avanzar en la construcción de un nuevo pacto socio político que cuenta con quienes nos manifestamos ante todas las vulneraciones de los derechos ocurridas durante estos 30 años”, señala a France 24 Mónica Salinero, Coordinadora del Observatorio.

“Hay una necesidad de que se pongan estos temas sobre la mesa para que podamos realizar una configuración de nuestro pasado bajo el lema de que no pueden repetirse ciertas cosas. Todos, pero especialmente los más jóvenes, necesitamos reconstruir las confianzas en las instituciones y en el pacto social”, añade la académica.

“En Chile no tenemos el nivel de democracia que quienes habitamos en este terreno queremos con toda nuestra diversidad y toda nuestra esperanza”, concluye Salinero.

Hacia allá camina la Convención, hacia más y mejor democracia con su frenética actividad en el mes dos. Con el avance de los meses habrá más por venir.

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