Cataluña: los escenarios posibles a pocos días del referéndum

Un taxista lleva una estelada en evidente apoyo al referéndum . (AP Photo/Emilio Morenatti)

Por Sandra Lafuente

La tensión en el conflicto por la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña ha escalado  al punto en que los acontecimientos se precipitan y cambian con el tempo del último minuto de los informativos.

Si todavía había dudas sobre la judicialización de este problema, el miércoles quedaron despejadas con la detención, a manos de la Guardia Civil, de los funcionarios de la Generalitat y la confiscación de millones de papeletas.

Desde entonces los acontecimientos suben a un ritmo frenético: manifestaciones en Barcelona y otras poblaciones de apoyo a los detenidos; caceroladas vecinales en las últimas dos noches; banderas esteladas sobre los hombros y reproducidas en las ventanas; discusiones entre los líderes del gobierno español y del govern catalán, (además de opiniones de portavoces de gobiernos europeos), con la mediación de las cámaras y los micrófonos, cada uno en sus posturas inamovibles.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy (d) saluda al presidente catalán Carles Puigdemont (c) durante la manifestación contra los atentados yihadistas en Cataluña, el pasado 28 de agosto. (EFE/Archivo)

Las variables

Lo que siga ocurriendo en los próximos nueve días hasta el 1 de octubre, y a partir del día siguiente, puede estar sujeto a variables diferentes, que, según los expertos consultados, comenzarían por la factibilidad de que el propio referéndum se realice, atravesarían nuevos picos de la aplicación del marco jurídico y la judicialización del proceso, y culminarían en el impacto que tenga la movilización ciudadana dentro de Cataluña, si las protestas remontan.

“Desde el punto de vista logístico, el gobierno ha desarticulado piezas fundamentales, con la incautación masiva de las papeletas y del sistema informático necesario para el recuento, así como diferentes requerimientos a funcionarios para que no operen el 1 de octubre, lo que dificulta la celebración del referéndum”, comienza el politólogo Pablo Simón.

GRA390. BARCELONA, 21/09/2017.- Un momento de la concentrado llevada a cabo el jueves frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) (EFE/Andreu Dalmau).

“Que en cualquier caso sabíamos que no iba a ser un referéndum propiamente dicho con el impedimento expreso del Estado. Todavía queda la incógnita de cuántas urnas se pondrán, dónde y en qué locales y si tendrán que intervenir las fuerzas de seguridad del Estado para retirarlas el 1 de octubre”, continúa.

“Se ha entrado en una nueva fase del conflicto. Muy probablemente la credibilidad del referéndum ha quedado seriamente afectada en la medida en que se han localizado las papeletas y las cartas que se dirigían a los electores indicando su colegio electoral”, interpreta el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, Xabier Arbós, “con lo que probablemente se pareciera más a la movilización del 9 de noviembre de 2014”.

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Simón discrepa: “Este referéndum tiene más impedimentos. Va a ser, por razones obvias,  muy difícil hacer lectura sobre la participación electoral o sobre votos afirmativos o negativos, porque a efectos de la participación las garantías se han evaporado”.

Mercè Barceló, catedrática de constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, sostiene que la intervención del Estado español “no cambia la convocatoria” de esta votación.

“La voluntad de celebrarlo sigue existiendo porque no está dentro del marco constitucional español, donde cabía un referéndum pactado, una independencia pactada. La democracia española lo posibilitaba. El Estado español no ha querido, ha negado que pudiera caber en el marco constitucional y eso ha hecho que la fuerza políticas mayoritarias hayan tomado la decisión de, fuera de ese marco, convocar un referéndum”, dice.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. (EFE/Archivo)

Barceló opina que el Estado español ha aplicado de hecho el artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Gobierno puede adoptar medidas, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, para obligar a una comunidad autónoma a cumplir con las obligaciones constitucionales y legales si las estuviera violando.

La intervención de las finanzas de la Generalitat “es una suspensión de facto de la autonomía porque no hay capacidad de toma de decisiones. La orden no tiene ninguna cobertura legal. En cambio si se hubiera aplicado el artículo 155 hubieran existido muchas más garantías porque habría habido la intervención de la mayoría del Senado”, explica la experta.

Arbós sostiene que, aunque la intervención del Estado español significa “una paralización muy fuerte del autogobierno”, el procedimiento para que el Estado español aplique, en efecto, el artículo 155 de la constitución debe ser gradual. “Me parece razonable que se acuda al Tribunal Constitucional y que se plantee obligar al cumplimiento de la resolución, a ver si esas medidas que se han adoptado allí, hagan que la comunidad autónoma actúe dentro del marco de la Constitución”.

“Doble problema”

Volviendo al campo de la política, Pablo Simón estima que una declaración unilateral de la independencia por parte de las autoridades catalanas dependen, obviamente, de la realización del referéndum y su resultado, pero con “un doble problema”: “Tiene la mitad de la población catalana en contra y no tiene apoyos internacionales porque nadie reconocería la soberanía de este nuevo estado. Pueden intentar hacerlo de manera formal, pero eso no supondría más que la continuación de esta cascada de detenciones y judicialización”.

Vista de la plaza de Catalunya de Barcelona durante la tradicional manifestación convocada por la ANC con motivo de la Diada del 11 de septiembre. EFE/Archivo

Y la negociación entre las partes, cree, no es posible antes del 1 de octubre. “Nadie tiene los incentivos ni la capacidad de hacerlo. Para los independentistas de momento está dando resultados su estrategia [la respuesta del Estado, una situación “win-win” para ellos, en su opinión] y el Gobierno no tiene margen porque el proceso se ha judicializado y por lo tanto se ha atado al mástil. Podría haber permitido un segundo 9N, ‘los dejo votar no me doy por aludido’ y ya está. Pero el gobierno se comprometió explícitamente a que no se repitiera y la propia reforma del Tribunal Constitucional no iba a permitir que no hiciera nada”.

Ante la posibilidad de unas nuevas elecciones en Cataluña, “en los próximos seis meses”, Simón tiene una hipótesis: que esas elecciones sean dobles.  “Unas elecciones autonómicas ordinarias, y al mismo tiempo las elecciones a un Parlament separado con solo la legitimidad de los partidos independentistas”, dado que se comprometieron a hacer un proceso constituyente con la redacción de una nueva constitución y nuevas leyes catalanas. “Esto no acaba el 2 de octubre”.

Mientras en Madrid, sostiene, ronda en el ambiente la agrupación de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados (Podemos, partidos independentistas, buscando el apoyo del PSOE) para pedir una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, quien podría responder con nuevos comicios para buscar una mayoría más fuerte. El hecho de que no hubiera comenzado la tramitación de los presupuestos generales del Estado este viernes, como estaba previsto, es, dice, una señal de alarma que puede alertar sobre ese escenario.

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