Los guardias civiles comprados por contrabandistas y otros indultados en los últimos años

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Pedro Sánchez ha abierto la puerta a conceder el indulto a los 12 líderes independentistas condenados en el juicio del procés. “La decisión que tome tendrá muy presente los valores constitucionales de la concordia, el diálogo, el entendimiento, el reencuentro y la superación de una crisis que desgarró a la sociedad catalana y española. Lo que no son principios constitucionales son la venganza o la revancha”, ha dicho el presidente del Gobierno consciente de las críticas que recibirá de la oposición si concede esta medida de gracia.

El indulto es una figura jurídica que significa el perdón de una pena y que implica la remisión o la anulación total de la condena. Lo otorga el rey a petición del ministro de Justicia y tras la deliberación del Consejo de Ministros. Según Civio, entre 1996 y 2020 en España se concedió esta medida de gracia en 10.652 ocasiones y muchas de estas veces han estado acompañadas de polémica.

El año que más indultos se concedieron fue el 2000, con José María Aznar de presidente y Ángel Acebes de ministro de Justicia. En un solo día se llegó a otorgar esta medida de gracia a 1.328 condenados, incluidos seis agentes de la Guardia Civil de los puestos de O Grove y Sanxenxo (Pontevedra) que hacían la vista gorda ante las actividades de un grupo dedicado al contrabando de tabaco a cambio de diversos pagos.

Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo. (Foto: Isaac Buj / Europa Press / Getty Images).
Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo. (Foto: Isaac Buj / Europa Press / Getty Images).

Otro agente de la Guardia Civil, Manuel Arbesú, fue indultado en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy y reintegrado en el cuerpo después de haber sido condenado en 2011 a seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de la mitad de las costas procesales por omisión del deber de perseguir delitos después de que grabara entre risas a un hombre que estaba agrediendo sexualmente a una mujer en un vagón de tren.

Dos años antes, en febrero de 2012, el ejecutivo de Rajoy también indultó a cuatro Mossos d'Esquadra por torturar, amenazar, golpear y meter una pistola en la boca a un hombre que había sido detenido por error. Habían sido condenados a penas de cuatro años y seis meses de prisión, pero la medida de gracia las rebajo a 24 meses y no entraron en la cárcel.

Algunos de estos indultos fueron concedidos a personas populares y sus casos generaron igualmente mucha controversia. En diciembre de 1998, el gobierno de José María Aznar concedió esta medida de gracia a Rafael Vera y José Barrionuevo, ministro del Interior y secretario de Estado en la etapa de Felipe González, y al resto de condenados por el caso Marey, una de las acciones de los GAL. Habían secuestrado al francés Segundo Marey al confundirlo con un jefe etarra. Su condena era de 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y malversación de fondos, pero se les redujo un tercio la pena y se les concedió el tercer grado penitenciario.

José Barrionuevo (centro) y Rafael Vera (derecha), ministro del Interior y secretario de Estado en el gobierno de Felipe González. (Foto: Quim Llenas / Cover / Getty Images).
José Barrionuevo (centro) y Rafael Vera (derecha), ministro del Interior y secretario de Estado en el gobierno de Felipe González. (Foto: Quim Llenas / Cover / Getty Images).

En contra del informe del Tribunal Supremo, el Gobierno de Aznar indultó en 2003 al exmagistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable. Ese mismo día se le concedió esta medida de gracia a otras 1.442 personas, incluidos los condenados por el caso Filesa de financiación irregular del PSOE.

En 2012 el gobierno de Rajoy indultó al ex secretario general del Departament de Treball, Josep María Servitje, y al empresario y ex cuñado del alto cargo de Unió y portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, que habían sido condenados a cuatro años y a dos y medio, respectivamente, por desviar 7,6 millones de pesetas del departamento en el que trabajaban.

Otro político indultado fue Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1990 y entre 1991 y 1993. En 1994 fue condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación. Un año más tarde, el Consejo de Ministros presidido por Felipe González le concedió el indulto total, aunque sí mantuvo su inhabilitación.

Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1990 y entre 1991 y 1993. (Foto: Rafa Samano / Cover / Getty Images).
Juan Hormaechea, presidente de Cantabria entre 1987 y 1990 y entre 1991 y 1993. (Foto: Rafa Samano / Cover / Getty Images).

Al que fuera alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, se le indultó en 1994 por parte del gobierno de González una condena de dos meses de arresto por estafa para que se presentara a las elecciones municipales.

El que fuera alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. (Foto: Tom Stoddart / Getty Images).
El que fuera alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. (Foto: Tom Stoddart / Getty Images).

El ejecutivo socialista de González también indultó en 1988 a Alfonso Armada, uno de los golpistas del 23F, que había sido condenado a 26 años de reclusión.

Algunos indultos que generaron también un enorme revuelo fueron posteriormente anulados por el Tribunal Supremo.

Entre los más sonados está el que concedió el gobierno de Rajoy en 2012 a un conductor kamikaze condenado a 13 años por matar a una persona circulando en dirección contraria por una autopista. Después se desveló que el abogado del kamikaze era hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior, y que trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también estaba empleado un hijo de Alberto Ruiz-Gallardón. Más tarde, el Tribunal Supremo anuló esta decisión al considerar el indulto “arbitrario” y no hallar su “lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad”.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indultó en 2011 a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, que había tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa. El Tribunal Supremo anuló después la medida al considerar que el ejecutivo no podía vulnerar la medida bancaria que prohíbe ejercer el cargo de consejero a alguien con esos antecedentes.

Alfredo Sáenz, consejero del Santander entre 2002 y 2013. (Foto: Pierre-Phillipe Marcou / AFP / Getty Images).
Alfredo Sáenz, consejero del Santander entre 2002 y 2013. (Foto: Pierre-Phillipe Marcou / AFP / Getty Images).

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