Carles Puigdemont, detenido en Cerdeña por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo

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(Photo: Getty)
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La policía italiana de fronteras ha detenido a última hora de este jueves en Cerdeña a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, en virtud de la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo contra él, como ha adelantado El Español.

Según un comunicado de su oficina presidencial, Puigdemont será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sassari este viernes. Este órgano es el competente para decidir su puesta en libertad o su extradición, al no existir una figura equivalente a la Audiencia Nacional en Italia.

La detención ha tenido lugar cuando el político catalán ha aterrizado en la ciudad de Alguer, situada en la isla italiana, donde pretendía mantener una reunión con el presidente regional. Al llegar se ha producido el arresto policial, ha detallado el portavoz de su oficina, Josep Lluís Alay.

Disputa por la euroorden

El ‘expresident’ está recibiendo la asistencia letrada de su abogado Gonzalo Boye y un equipo de juristas italianos, como han confesado fuentes del partido Junts. En su primer planteamiento de la defensa, tratan de agarrarse a la posible pérdida de vigencia de la euroorden.

Sin embargo, como explican fuentes del Supremo a EFE, dicha orden europea de detención y entrega cursada por el Alto Tribunal por un delito de sedición nunca ha dejado de estar vigente. La orden fue dictada por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, el 14 de octubre de 2019, cuando el Supremo condenó por sedición a los líderes del proceso soberanista catalán que se pusieron a disposición de la Justicia.

Puigdemont huyó de la Justicia el 31 de octubre de 2017, para evitar precisamente su detención por este delito. Desde entonces ha residido en Bélgica, en un domicilio particular en Waterloo, aunque se ha movido por diversos puntos de Europa.

Mientras, el Gobierno ha señalado en la madrugada de este viernes que la detención obedece a un procedimiento judicial en curso, y como cualquier otro ciudadano europeo debe someterse a la acción de la Justicia. En el comunicado, realizado por la Secretaría de Estado de Comunicación, ha recalcado que el arresto es consecuencia del procedimiento judicial abierto “que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales”. El Ejecutivo, además, ha mostrado su “respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos”.

Sin protección europea

Su detención llega apenas dos meses después de que el Tribunal General de la Unión Europea retirase la inmunidad parlamentaria que le protegía tanto a él como a sus compañeros en la Eurocámara Toni Comín y Clara Ponsatí.

La decisión del órgano comunitario dio continuidad a la retirada de la inmunidad que adoptó el Parlamento Europeo en el mes de marzo, después de que el Supremo solicitara permiso a esta cámara para investigarles y juzgarles por su implicación en el procès.

Puigdemont ya fue detenido previamente en Alemania en marzo de 2018 por la policía del país después de que el magistrado del Supremo Pablo Llarena reactivara las órdenes europeas e internacionales de detención. Entonces, y tras un largo proceso judicial y competencial entre Alemania y España, el exlíder catalán no fue extraditado a España.

Ahora en Italia y sin la protección de su condición de europarlamentario, Puigdemont podría ser enviado ante la Justicia española para su enjuiciamiento por la causa del procés.

Puede pedir cautelares a Europa... a la espera de otro recurso

Puigdemont puede volver a agarrarse a una petición de medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y parar su extradición a España.

Ya recurrió a esta vía en mayo cuando la Eurocámara le retiró su protección, un recurso que la Justicia comunitaria está aún examinando, aunque en julio le negó las medidas cautelares que solicitó para recuperar la inmunidad parlamentaria mientras se resolvía el caso.

El Tribunal con sede en Luxemburgo, sin embargo, avisó en el auto denegatorio de las cautelares que su decisión se limitaba a las medidas temporales y que Puigdemont podría interponer una nueva demanda si el perjuicio alegado—su detención durante un viaje como eurodiputado— resultara suficientemente probable. El tribunal mencionó en concreto el caso de que fueran detenidos o se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas.


Las reacciones han saltado casi en el mismo instante que se conocía la noticia. Pablo Casado, presidente del PP, ha aprovechado para atacar a Sánchez: “Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional, y Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder”.

Junto a él, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado “una buena noticia para todos los demócratas”. “Espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener impunidad ni estar por encima de la ley”, ha añadido.

Por otro lado, Puigdemont también ha recibido mensajes de apoyo de los miembros de los partidos independentistas que le han transmitido su solidaridad y han pedido su libertad. Este es el caso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ha expresado su apoyo al expresidente de la Generalitat: “Todo mi apoyo, president”. “Solo hay una fórmula para detener la represión incesante del Estado: amnistía, autodeterminación e independencia”, ha añadido en su cuenta de Twitter.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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