Carandiru: 30 años de impunidad de la mayor masacre carcelaria de América Latina

El 2 de octubre de 1992, la Policía de São Paulo llevó a cabo la mayor masacre carcelaria de América Latina, que se saldó con 111 presos muertos. Ocurrió en el emblemático presidio de Carandiru, donde 8.500 reclusos se hacinaban en condiciones inhumanas, en vísperas de las elecciones municipales en la ciudad más grande de América Latina. Esta es la historia.

“Cuando salí a la galería, vi un montón de cadáveres tirados en el suelo. Esta escena ha sido una constante en mi mente. En los días después de la masacre, las imágenes de los cuerpos ensangrentados me torturaban psicológicamente de noche, cuando dormía. A menudo me despertaba gritando, en pánico”, reconoce Sidney Sales, superviviente de la masacre de Carandiru.

30 años después, ninguno de los responsables de esta matanza ha cumplido condena. Tras más de dos décadas de juicios marcados por la lentitud, en 2014 un jurado popular condenó a 74 de los más de 100 policías imputados con penas de 48 a 624 años de prisión. Sin embargo, en 2016 el Tribunal de Justicia de São Paulo anuló todas las condenas. En junio de 2021, este mismo tribunal restableció las penas, pero una maraña de recursos legales ha impedido que esta saga jurídica llegue a su fin.

La disputa judicial radica en una contradicción de versiones. Según los presos que sobrevivieron, sus defensores legales y las organizaciones que velan por los derechos humanos, los presidiarios ya habían entregado las armas cuando la Policía entró al centro carcelario. Por lo tanto, se habría tratado de una ejecución injustificada. Sin embargo, el Gobierno del Estado de São Paulo sigue defendiendo que los agentes fueron atacados por los presos y que actuaron en legítima defensa.

No había necesidad de una acción de este tipo, los reclusos ya estaban dominados

El perito criminal Osvaldo Negrini fue la primera persona que entró a la cárcel después de la masacre. “Cuando llegué, para alcanzar el primer piso tuve que subir una escalera: era una cascada de sangre. La sangre corría escalera abajo y me llegaba hasta la canilla”, recuerda.

En el dossier, que preparó junto a un fotógrafo de la Policía Civil, Negrini dejó reflejado que los agentes se excedieron en su brutalidad: 85 de las 111 víctimas fueron ejecutadas dentro de sus celdas, sin ofrecer resistencia.

“Muchos disparos fueron realizados desde las ventanillas de las puertas de las celdas y encima con ametralladora. Así los policías conseguían matar a cuatro o cinco presos de una vez. No había necesidad de una acción de este tipo, los reclusos ya estaban dominados. Pero, no se sabe por qué razón optaron por exterminar a varios de ellos simultáneamente”, señala.

Negrini también demostró que la Policía fabricó pruebas falsas para justificar la violencia desmedida de la operación. “Cuando salió el laudo revelando que el 95% de los disparos fueron realizados hacia el interior de las celdas, ya no había cómo alegar legítima defensa. ¿Dónde estaban los tiros desde dentro hacia fuera? No había ni uno. Además, ¿fueron aprehendidas armas de los presos? Sí, pero en las armas que entregamos a los laboratorios no había ningún vestigio de disparos. Algunas ni siquiera funcionaban, eran muy viejas. Entonces quedó muy claro que nadie había usado aquellas armas”, explica a France 24.

Tras entregar su informe, este investigador recibió amenazas anónimas y tuvo que pedir protección a las mismas autoridades a las que estaba acusando de exceso de violencia.

Carandiru y su propio eco de impunidad

Carandiru hoy no solo es el símbolo de la violencia ejercida por el Estado contra aquellos ciudadanos a los que debería rehabilitar, sino que también se ha convertido en sinónimo de impunidad. “Esta masacre es el reflejo de una pésima política de seguridad pública, con niveles muy altos de encarcelamiento y una Policía que mata en vez gestionar los problemas sociales de otra forma. De hecho, la Policía brasileña es la que más mata en el mundo”, señala Maíra Rocha Machado, profesora de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo.

Esta jurista estudia el caso Carandiru desde hace más de 10 años. Para ella, hubo un claro intento de cancelar los vestigios de esta matanza. “Al día siguiente, ya empezaron a borrar las pruebas de lo que ocurrió el 2 de octubre de 1992, porque una masacre ocurrida dentro de las instituciones del propio Estado, realizada por la propia policía del Estado, es algo gravísimo, inadmisible”, asegura.

En diciembre de 2002, tres de los siete pabellones de la cárcel de Carandiru fueron detonados. En pocos segundos, el escenario de la peor masacre carcelaria de América Latina quedó literalmente hecho polvo. En 2005, otros dos edificios fueron destruidos. En total, solo dos pabellones se salvaron de la demolición. Hoy, en su lugar hay un área verde que lleva el nombre emblemático de Parque de la Juventud.

El pabellón número cuatro, que en su día funcionaba como enfermería, acoge una escuela técnica. Allí en 2018 fue inaugurado el Espacio Memoria Carandiru, que rescata la historia de este centro penitenciario a través de centenares de objetos donados por los propios presos antes de la voladura de la estructura.

La exposición fue idealizada por la fotógrafa Maureen Bisilliat a lo largo de casi dos décadas. Su ubicación dentro de uno de los pabellones originales de Carandiru tiene un fuerte simbolismo dentro de una trayectoria marcada por el sabotaje institucional contra la memoria histórica.

La masacre de Carandiru representó un antes y un después en la historia carcelaria de Brasil. Tras su derribo, el Gobierno del Estado de São Paulo optó por crear centros penitenciarios más pequeños y lejos de la ciudad, en un intento de evitar el hacinamiento. Fue un experimento fallido que culminó con el nacimiento del PCC, el Primer Comando de la Capital. Es la organización criminal más poderosa de Brasil, que controla el narcotráfico y todos los presidios de São Paulo con un ejército de al menos 20.000 presidiarios.

El flagelo del hacinamiento carcelario, lejos de acabar

En la actualidad, Brasil es el país que posee la tercera población carcelaria más grande del mundo y la primera de América Latina. Son cerca de 750.000 reclusos. Uno de cada tres fue detenido en carácter preventivo, algo que contribuye a aumentar el hacinamiento. De hecho, los presidios brasileños están un 55% por encima de su capacidad. Las principales asociaciones de familiares de los presos denuncian que desde la masacre de Carandiru poco o nada ha cambiado, y que los presidiarios sufren tortura y malos tratos de forma sistemática.

“Hoy se produce una matanza lenta. En Carandiru exterminaron a 111 presos de una vez, pero hoy cada 19 horas un preso muere dentro del sistema carcelario de Brasil. Entonces se sigue matando, pero de otra forma”, asegura la madre de un preso, que prefiere ocultar su identidad por miedo a represalias.

“Mi hijo hasta hoy, como muchos presos condenados, todavía duerme en el suelo porque no tiene una cama por causa del hacinamiento. Yo encontré a mi hijo con depresión. La salud de los presos es muy precaria”, añade.

Estas denuncias son respaldadas por la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, que realiza cerca de 40 inspecciones por año sin previo aviso. Mes tras mes, esta institución comprueba que el hacinamiento, las pésimas condiciones sanitarias y la falta de comida son la regla y no la excepción en las cárceles de este Estado federado.

“Durante las inspecciones comprobamos que el 80% de los centros penitenciarios racionan el agua. Hay presidios que tienen agua solo dos horas por día. De las 179 cárceles de São Paulo, ninguna tiene un equipo sanitario mínimo. Lamentablemente los presos caen enfermos y fallecen”, señala Leonardo Biagioni de Lima, Defensor Público del Estado de São Paulo.

Esta institución también ha detectado casos de tortura estructural, tanto física como psicológica. “Casi todos los días llegan denuncias de agresiones dentro de los centros penitenciarios. Ya registramos muchas imágenes. En sucesivas inspecciones recogimos pelotas de goma y documentamos marcas de bombas lacrimógenas y de porrazos, fruto de la acción de los grupos de intervención rápida dentro de los presidios de São Paulo”, agrega Biagioni.

La pugna judicial se recrudece

France 24 visitó la cárcel de máxima seguridad José Parada Neto de Guarulhos, en el Estado de São Paulo. Según la Defensoría Pública, el 81% de los centros penitenciarios de esta región sufre de hacinamiento.

El director André Luiz Alves contó que, en los últimos dos años, el número de presos bajó un 13%. También negó que exista una alta tasa de mortalidad. “Realmente hay presos que mueren, pero son casos muy graves, de personas que ya estaban en tratamiento. Prueba de que no hay mucha mortalidad fue el control del Covid-19 dentro del sistema penitenciario. La tasa de contaminación y de muertes aquí fue mucho más baja que en la calle. Hoy por ejemplo todos los presos están vacunados”, afirma Alves.

En la prisión José Parada Neto hay 1.900 reclusos, 850 más de lo que permite su capacidad. 430 trabajan para una de las 13 empresas que operan dentro de su estructura, gracias a una serie de programas estatales que fomentan la reinserción.

Paradójicamente, fabrican ropa y escudos para las tropas de choque de la Policía. “Reciben tres cuartos del salario mínimo. El 25% que sobra es colocado en una cuenta general que sirve para pagar a los presos que trabajan para el funcionamiento de la cárcel”, destaca Alves.

Para la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, estas iniciativas representan una excepción dentro del panorama penitenciario de Brasil, colapsado por el alto número de detenciones. Es el resultado de la llamada “guerra contra las drogas”, que empeoró significativamente el hacinamiento, ya que la Ley de Drogas de 2006 aumentó el tiempo mínimo de prisión para cualquier tipo de tráfico. Son muchos los expertos que critican esta política de seguridad pública. En la actualidad, uno de cada tres presos brasileños es condenado por esta ley.

A punto de cumplirse 30 años de la masacre, la saga jurídica parece no tener fin. A principios de agosto, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Ley que otorgaba la amnistía a los policías militares procesados o sancionados. Sin embargo, pocos días después intervino la Corte Suprema, que negó este recurso.

El juez Luíz Roberto Barroso rechazó el argumento de la defensa de que hubo una violación de los principios de contradicción, derecho a la defensa y debido proceso legal. La pugna entre el Estado y la Justicia ha vuelto a recrudecerse. Mientras, cabe destacar que la mayoría de familiares de los presos que perdieron la vida nunca recibieron ningún tipo de indemnización.