El Parlamento de Ecuador aprueba una Ley Humanitaria por el COVID-19 sin contribuciones

Quito, 15 may (EFE).- El Parlamento de Ecuador aprobó este viernes la denominada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, promovida por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, aunque sin que se requieran contribuciones de diferentes sectores.

En su cuenta de Twitter el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, informó de la votación que se celebró hoy en el Pleno legislativo y aclaró que "se retiró el capítulo referente a contribuciones de distintos sectores".

La ley aprobada ha tenido en cuenta, según añadió Litardo, "las medidas que apoyan a familias ecuatorianas en la crisis sanitaria y económica que vivimos".

Con 74 fotos a favor, 59 en contra y cuatro abstenciones, los asambleístas aprobaron la normativa mediante una votación virtual, al celebrarse en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, había pedido el jueves a la Asamblea que eliminara del borrador de la Ley Humanitaria todo lo relacionado con las contribuciones de ciudadanos y empresas.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico parlamentario, Esteban Albornoz, indicó en la sesión virtual antes de la votación cómo se realizaron los cambios a las propuestas inicialmente enviadas por el Presidente a la Cámara.

"Se planteó eliminar todo el capítulo de las contribuciones, eso también implica también que se elimine el capítulo de la Cuenta Especial, acogiendo la iniciativa de muchísimos asambleístas que intervinieron en las diferentes instancias de este debate", precisó Albornoz.

La cuestión de las contribuciones, una medida anunciada por el mandatario para que de manera solidaria personas y empresas contribuyeran para hacer frente a los estragos económicos por la pandemia, originó numerosas críticas y la oposición de los asambleístas de grupos liberales y conservadores.

La propia alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, había expresado su rechazo a que la ciudad, la más golpeada por el coronavirus en el país, tuviera que pagar una contribución al Estado para paliar los estragos de la pandemia.

La nueva ley establece la reducción de un 10 % de la tarifa eléctrica durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para los quintiles 1 y 2 de pobreza, y la disminución adicional del costo de la luz para los sectores productivos.

En virtud de la norma, tampoco se incrementará el precio de los servicios básicos ni podrán suspenderse estos durante la emergencia, aunque los pagos por ellos podrán ser refinanciados.

El proyecto incluyó además que, durante el tiempo de vigencia del estado de excepción, y hasta 60 días después de su finalización, no se podrán ejecutar desahucios a inquilinos de bienes inmuebles.

(c) Agencia EFE