En un campo sirio, el dilema entre una muerte lenta o una salida arriesgada

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Elegir entre una muerte lenta o una posible detención es el dilema al que se enfrentan los últimos habitantes del campo de desplazados internos de Rukban, en el desierto del sur de Siria, privados de ayuda humanitaria desde hace dos años.

Los cerca de 10.000 desplazados que aún viven en el campo, instalado en 2014 en la frontera entre Jordania y Siria, son los últimos de las cerca de 50.000 personas que vivían allí hace unos años.

El campo, situado cerca de una base militar utilizada por la coalición internacional antiyihadista liderada por Washington, se encuentra en una zona en la que están presentes los rebeldes respaldados por Estados Unidos.

Obligados a marcharse por el hambre, las enfermedades y las malas condiciones de vida, decenas de miles de sirios, entre ellos opositores, se han trasladado a zonas controladas por el régimen, corriendo el riesgo de ser detenidos y torturados.

A medida de que la situación en el campo sigue deteriorándose, los rebeldes y los antiguos soldados sirios que aún permanecen en él se muestran reacios a dar el paso, y las organizaciones de derechos humanos desaconsejan enérgicamente las salidas facilitadas por la ONU.

"Estamos atrapados en el medio. Si nos vamos a las zonas controladas por el gobierno, moriremos, y si nos quedamos en el campo, pereceremos lentamente", dice un soldado sirio que desertó que no quiere identificarse.

Desde 2016, Jordania ha cerrado su frontera, dejando a los residentes del campo a merced de las entregas de ayuda desde el interior de Siria, que se han vuelto escasas porque requieren la aprobación del régimen.

De hecho, ningún convoy humanitario de la ONU ha entrado en la zona desde septiembre de 2019.

- La ONU es "cómplice" -

"Desde 2016, estamos atrapados en el desierto", lamenta Mohamad Derbas al-Khalidi, jefe del consejo local del campo.

El campo alberga una pequeña clínica y un equipo de socorristas y los niños asisten a clases en tiendas de campaña improvisadas o en aulas que necesitan reparaciones urgentes, explica a la AFP.

Desde 2019, más de 20.000 personas han abandonado voluntariamente Rukban, según la ONU, que había facilitado la salida voluntaria de 329 personas, con la ayuda de la Media Luna Roja siria.

Otros se han ido sin asistencia o con la ayuda del gobierno sirio, que sigue pidiendo el regreso de los residentes a sus zonas.

El consejo local de Rukban recibió recientemente un plan de la ONU para nuevas salidas voluntarias entre septiembre y noviembre.

Los trasladados pasarían primero 14 días en la provincia occidental de Homs, decía el documento, del que la AFP obtuvo una copia, y solo podrían abandonar el refugio temporal si las autoridades sirias dan su permiso.

"La seguridad de las personas" es responsabilidad del gobierno sirio, añade el documento.

Pero Khalidi cree que el plan de la ONU no ofrece ninguna seguridad real a los residentes que quieran abandonar el campo. "La ONU en Damasco es cómplice, no es más que una empresa que devuelve seres humanos al régimen".

- "Detenidos y torturados" -

El 11 de septiembre, la ONU, junto con la Media Luna Roja siria, supervisó una ola de salidas voluntarias que finalmente se interrumpió.

Un convoy de cinco camiones que entró en el campamento para transportar a 88 personas tuvo que dar la vuelta, según Danielle Jenni Moylan, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

La misión se vio obstaculizada por "un pequeño grupo de individuos" que "agredieron a un conductor", dijo la portavoz.

"Como resultado, el convoy abandonó inmediatamente Rukban", añadió, subrayando que la ONU no podía garantizar la seguridad de los residentes que quieren marcharse.

A principios de septiembre, Amnistía Internacional pidió a la ONU y a la Media Luna Roja que detuvieran las salidas.

"El gobierno sirio considera a los residentes de Rukban como 'terroristas' (...) Se convierten en un objetivo a su regreso (...), son detenidos arbitrariamente, torturados y, en algunos casos, sufren desaparición forzada", dijo Marie Forestier, de Amnistía Internacional.

Por eso la decisión de marcharse no puede considerarse "libre" o voluntaria dadas las condiciones extremas de Rukban, añadió. "En la situación actual, no debería haber ningún plan para facilitar el retorno" a las zonas del régimen.

Amnistía Internacional publicó en septiembre una investigación en la que se documentan "violaciones atroces" cometidas por las fuerzas de seguridad sirias contra 66 refugiados o desplazados internos, entre ellos 13 niños, que han regresado a Siria desde 2017 desde varios países, así como desde el campo de Rukban.

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