Boris Johnson desafía a la UE con una ley que incumple lo pactado en el acuerdo del Brexit para Irlanda del Norte

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Boris Johnson gesticula durante una reunión (Photo: AARON CHOWN via Getty Images)
Boris Johnson gesticula durante una reunión (Photo: AARON CHOWN via Getty Images)

Boris Johnson gesticula durante una reunión (Photo: AARON CHOWN via Getty Images)

Boris Johnson no se da por vencido. Después de salvar una moción interna con una fortísima división en su partido, el premier británico desafía a la Unión Europea con un plan para Irlanda del Norte que viola lo acordado en el Brexit. Y su movimiento no ha tardado en generar respuesta desde Bruselas, que se niega a “renegociar” el protocolo y amenaza con retomar la vía judicial que paralizó el pasado año en un gesto de “concordia”.

La nueva ley contempla cambios en cuatro frentes, entre ellos una revisión de carácter burocrático para reducir costes y papeleo en el comercio interior británico al tiempo que se mantienen “plenos controles” para aquellos bienes que sí terminen entrando en territorio de la UE.

Entre otras medidas, la nueva legislación conocida este lunes por la tarde prevé eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las disputas referidas a Irlanda del Norte. “Se trata de proteger la supremacía de nuestros tribunales y nuestra integridad territorial”, ha justificado la titular de Exteriores de Reino Unido, Liz Truss. Añade en una breve declaración institucional a través de Twitter que busca ofrecer “soluciones integrales para solucionar los problemas con el Protocolo de Irlanda del Norte”.

Pese a la larga polémica que enfrenta a Reino Unido y la UE a cuenta de Irlanda del Norte, para Johnson su jugada no supone un conflicto. Simplemente considera que se han hecho “una serie de ajustes relativamente triviales” dentro de una batería de compromisos más amplia. De hecho, lo presentado hoy cumple con las previsiones expuestas por la ministra de Exteriores, que en mayo ya avanzó una inminente modificación unilateral del acuerdo. Por ello, rechaza considerar esos cambios como un desafío a la UE.

Pero el premier disimula su pulso con palabras bien sonantes, como un “cambio burocrático” que no implica alterar el Derecho Internacional, posición que defienden tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Irlanda. De hecho, según el Ejecutivo británico, la propuesta incluye una disposición para ser revocada en el caso de que Londres y Bruselas lleguen eventualmente a un pacto bilateral.

Qué dice la UE

El vicepresidente de la Comisión y responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, ha sido contundente en un comunicado de respuesta a Londres. En el documento, el político comunitario descarta renegociar el acuerdo, asegurando que esa opción “no es realista”, porque “después de incontables horas de intensas negociaciones línea por línea, fue la única solución que pudimos encontrar juntos para proteger los logros obtenidos con tanto esfuerzo del proceso de paz en Irlanda del Norte, mientras abordamos los desafíos creados por Brexit y el tipo del Brexit elegido por el gobierno del Reino Unido”

Suspendimos (el procedimiento de infracción contra Reino Unido) en septiembre de 2021 con un espíritu de cooperación constructiva para crear el espacio para buscar soluciones conjuntas. La acción unilateral del Reino Unido va directamente en contra de este espírituComunicado del vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic

Sefcovic ha querido recordar también que el protocolo “respeta la posición constitucional de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, evita una frontera dura en la isla de Irlanda y protege la integridad del Mercado Único de la UE”.

Más allá de lo político, el vicepresidente de la Comisión ha recordado que se reconsidera continuar el procedimiento de infracción iniciado contra el gobierno del Reino Unido en marzo de 2021. “Suspendimos esta acción legal en septiembre de 2021 con un espíritu de cooperación constructiva para crear el espacio para buscar soluciones conjuntas. La acción unilateral del Reino Unido va directamente en contra de este espíritu”.

EEUU insta a la negociación

Desde el otro lado del charco, llegan recomendaciones para encontrar una solución. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha instado a su homóloga británica, Elizabeth Truss, a negociar con la Unión Europea para reducir las discrepancias.

Blinken ha hablado por teléfono con Truss después de que la jefa de la diplomacia británica presentara el proyecto de ley en el Parlamento británico. En esa conversación Blinken ha instado a “negociar de buena fe para alcanzar una solución que preserve las ganancias” del Acuerdo de Belfast, también conocido como Acuerdo del Viernes Santo.

Los puntos clave

Estas son las cuatro partes clave del texto:

1) Los procesos aduaneros

A fin de eliminar costes y trámites para las empresas que comercian solo dentro del territorio británico, el Gobierno conservador propone mediante esta ley crear un “carril verde” que eximiría de controles aduaneros y sanitarios y fitosanitarios innecesarios a los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados al consumo en Irlanda del Norte.

Para poder entrar en esta vía rápida, las empresas deberán estar registradas en un nuevo programa de “comerciantes de confianza” supervisado por las autoridades, con penalizaciones para los infractores.

Los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados a la República de Irlanda, integrada en el mercado único comunitario, irán por un “canal rojo”, en el que se realizan todos los controles de mercancías requeridos por la UE. Londres se compromete a compartir con Bruselas, a través de un sistema informático gubernamental, datos en tiempo real de los movimientos comerciales a fin de prevenir abusos.

2) Una doble regulación optativa

El protocolo obliga a los bienes que entran a Irlanda del Norte a cumplir con la normativa de calidad comunitaria, al margen de si se quedan allí o continúan hacia Irlanda.

El Ejecutivo británico propone que las empresas que solo comercian con Irlanda del Norte puedan elegir si se rigen por los estándares comunitarios (CE), los británicos (UKCA) o ambos, lo que a su juicio ahorrará burocracia y costes y asegurará que los consumidores norirlandeses tengan acceso a todos los artículos producidos en el Reino Unido.

3) Ventajas fiscales y ayudas

El Gobierno británico considera que, debido a las normas comunitarias sobre subsidios estatales, el protocolo le impide aplicar en Irlanda del Norte desgravaciones fiscales y otras ayudas que concede al resto del Reino Unido, como descuentos en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el acceso a préstamos durante la pandemia.

El proyecto de ley le da competencias para ofrecer a las empresas y productos que operen solo en Irlanda del Norte las mismas ventajas que se aplican en el resto del país, mientras que los requerimientos de la UE se seguirían imponiendo sobre las compañías y mercancías con destino al mercado único.

4) El mecanismo de solución de disputas

El Reino Unido ve injusto que la provincia de Irlanda del Norte (que, en virtud del protocolo que el propio Gobierno británico firmó en 2020, permanece en el mercado único comunitario para bienes) deba regirse por normas dictadas desde Bruselas, que no son aprobadas por sus propias instituciones autonómicas.

También está en desacuerdo con que las disputas tengan que ser resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un sistema judicial que pertenece a solo una de las partes. El nuevo proyecto de ley propone introducir un sistema de resolución de disputas que prescinda del TJUE y en última instancia permita recurrir a un arbitraje independiente.

La polémica viene de antiguo

El paso dado este lunes por el gabinete de Boris Johnson además de cumplir con lo anunciado tampoco sorprende por inscribirse en un largo proceso de desencuentros con la UE. Desde que el Brexit se hizo efectivo, Londres ha amenazado en numerosas ocasiones con romper el protocolo, pese a las advertencias de “consecuencias” que llegaban desde Bruselas.

La situación llegó a un punto crítico en marzo del pasado año, cuando la Comisión expedientó a Reino Unido tras constatar los primeros incumplimientos del régimen negociado para el Úlster. Sin embargo, Von der Leyen frenó el procedimiento dos meses después para favorecer una solución dialogada y común, algo que un año después aún sigue sin conseguirse.

Ahora, tras el pulso de Johnson, esa vía puede volver a tener recorrido judicial.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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