Cuando en EEUU se confinó a miles de japoneses en campos de concentración

Durante el último cuarto del siglo XIX y las primeras cuatro décadas del XX, un importantísimo flujo migratorio proveniente desde Japón llevó hasta los Estados Unidos a cientos de miles de nuevos ciudadanos que llegaron hasta allí con la intención de labrarse un futuro y acoplarse a sus leyes y costumbres.

Eran trabajadores disciplinados, arraigados a una cultura milenaria la cual supieron adaptar a los nuevos tiempos y lugar de residencia. La numerosa colonia de emigrantes de origen japonés que durante tantos años vivió de manera tranquila y próspera en su nuevo país de acogida sufrió un duro revés y la persecución por parte de las autoridades a raíz del ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941.

De la noche a la mañana, las personas de ascendencia nipona se convirtieron en 'el gran enemigo de los EEUU’, siendo señalados y culpabilizados de lo ocurrido en la base naval de la armada estadounidense en Hawái.

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Entre la población comenzó a surgir diferentes teorías conspiranoicas que aseguraban que numerosos grupos nipones se estaban organizando en el oeste del país para llevar a cabo nuevos ataques y sabotajes hacia intereses norteamericanos.

Esta histeria colectiva del resto de ciudadanos provocó que, desde la administración del Presidente Franklin Delano Roosevelt, se decidiera tomar drásticas medidas para controlar a todo aquel que tuviera algún tipo de relación (directa o indirecta) con los intereses japoneses.

Para ello, a través de las órdenes ejecutivas 9066 y 9102 avaladas desde la presidencia, se creó la ‘War Relocation Authority’ y se comenzó a construir una serie de campos de concentración en los que se internaría a todas aquellas personas de origen y/o descendencia japonesa.

Tres eran los motivos que llevaba a Roosevelt a apoyar tal decisión; por un lado se podría tener controlada a ese grupo de población y averiguar e intentar aplacar cualquier plan de complot. Por otra parte era una manera de calmar los ánimos de un gran grupo de la población norteamericana que estaba convencido de la implicación y potencial peligro que suponía la colonia japonesa residente en EEUU, sobre todo tras haber sido declarada oficialmente la guerra al Japón.

El tercer motivo, o excusa que sirvió para convencer a los propios japoneses, fue el mantenerlos salvaguardados de cualquier peligro de linchamiento por parte de ciudadanos norteamericanos que decidiesen tomarse la justicia por su mano.

Se les dijo que eran trasladados a lugares seguros donde podrían vivir y empezar de nuevo. Muchos japoneses que poseían prósperos negocios y propiedades tuvieron que traspasarlo a cambio de cantidades irrisorias (en algunos casos diez veces menor que el valor real).

Familias completas fueron enviadas a vivir en barracones que debían compartir con otras, encerradas como si se tratase de peligrosos delincuentes, debido a las medidas de seguridad (vallas electrificadas, altos muros y numerosa presencia militar y policial) que se tomó para evitar la salida y/o fuga de cualquier persona confinada en aquellos campos de concentración.

Se calcula que 120.000 personas fueron trasladadas desde sus plácidas vidas a aquel infierno en el que se convertiría su nuevo destino.

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El gobierno contó con la inestimable colaboración de ciudadanos de ascendencia japonesa que sirvieron como infiltrados dentro de los campos. Su misión era conseguir información sobre posibles planes y complots e intentar convencer al mayor número posible de japoneses a que se volvieran leales a los Estados Unidos y su Constitución.

Estos grupos de infiltrados conseguían desestabilizar la convivencia, creando mal ambiente entre los que allí estaban encerrados y propiciando que unos sospechasen de otros. A la mayoría de los internos se les instó a renunciar a sus orígenes y tradiciones, algo que provocó innumerables conflictos internos entre diferentes grupos y sobre todo en franjas de distinta edad.

Los más jóvenes querían seguir viviendo en el nuevo país de acogida y tener la oportunidad de evolucionar, dejando atrás viejas y ancestrales tradiciones que de poco les servía en EEUU. Por su parte, las generaciones más ancianas se negaban a traicionar a sus raíces y veían desesperados cómo sus descendientes traicionaban su milenaria historia.

Tras cerca de tres años de funcionamiento de los campos de concentración y múltiples informes que confirmaban que en ningún momento la población de origen japonés supuso un peligro para la convivencia y estabilidad de los Estados Unidos, la administración norteamericana decidió empezar a dar salida de manera paulatina a las miles de familias que allí fueron encerradas y quedaron desquebrajadas. La Segunda Guerra Mundial estaba prácticamente terminada y el lanzamiento de las bombas atómicas fue un duro aviso.

La inmensa mayoría de los japoneses liberados tuvieron que empezar de cero, volver a labrarse un futuro, encontrar empleo en un país que había sido hostil con ellos y que los miraba con recelo a la hora de contratar o alquilar una vivienda. Los más afortunados recibieron un billete de tren y 25 dólares.

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No fue hasta cuatro décadas más tarde (durante el mandato de Ronald Reagan en 1988) en el que se pediría oficialmente perdón a las víctimas de esas medidas discriminatorias que mantuvo encerradas a miles de personas en campos de concentración. Se ofreció una compensación valorada en veinte mil dólares por cada superviviente (la mayoría ya había fallecido).

Historiadores y expertos señalan que a la administración norteamericana tan sólo le costó en concepto de indemnizaciones cuarenta millones de dólares, cuando los perjuicios ocasionados al colectivo de ciudadanos japoneses rondaron los 400 millones.

Fuentes: alpoma / densho

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