Belarra propone un fondo para reducir a 10 euros el abono de transportes y prorrogar el escudo social

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La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. (Photo: E. Parra / Europa Press via Getty Images)
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. (Photo: E. Parra / Europa Press via Getty Images)

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. (Photo: E. Parra / Europa Press via Getty Images)

El Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra, reclama extender durante todo el año las medidas del decreto anticrisis ante los efectos de la guerra de Ucrania, cuya vigencia ahora se extiende hasta el mes de junio, y propone mejorar su contenido con más actuaciones, como una “drástica” reducción del transporte público con abonos mensuales de 10 euros.

También demanda, según han explicado fuentes de este departamento, extender ese “escudo social” con la actualización inmediata de las pensiones no contributivas al IPC y ampliar el bono social eléctrico a otros dos millones de españoles.

Derechos Sociales remarca que el real decreto de respuesta a los efectos socioeconómicos de la guerra fue aprobado el pasado mes de marzo y contiene una serie de “medidas ambiciosas” de corte económico y social para garantizar la protección de población vulnerable, entre las que destacan la subida del Ingreso Mínimo Vital, la limitación de la subida del alquiler al 2% o la limitación de despidos para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo.

En este sentido y ante la evolución de la inflación, aún en niveles elevados, defiende que este paquete de actuaciones debe prorrogarse, al menos, hasta el 31 de diciembre del presente año.

Bajada de precios en el transporte, como en Alemania

No obstante, el Ministerio que dirige Belarra ve necesario complementar este conjunto de medidas con otras tres propuestas adicionales e incorporarlas al actual real decreto para elevar la cobertura de la población más vulnerable ante los efectos de la subida de los precios energéticos.

De estas propuestas destaca una considerable reducción de los precios del transporte público en todo el país, combinada con el descuento a los precios del carburante. En este sentido, demanda la creación de un fondo de ayuda a municipios y comunidades para facilitar el acceso a los medios de transporte públicos colectivos a un coste reducido, que a su vez reportaría un ahorro de energía.

Un fondo que, de forma análoga a la medida impulsada por Alemania, permitiría reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y autonomías.

Mejora de las pensiones más bajas ante la inflación

Por otro lado, reivindica extender con “carácter inmediato” la actualización de las pensiones contributivas al IPC, adelantando esa revalorización en la nómina de julio.

De esta forma, razonan desde Derechos Sociales, se conseguirá que las pensiones “más bajas” puedan hacer frente al aumento de precios sin esperar a final de año y evitar que durante esos meses sus beneficiarios sufran una “merma de su capacidad adquisitiva”.

Por otro lado, plantea una modificación del bono social eléctrico, que lleva demandando desde hace tiempo, para ampliar al volumen de beneficiarios, agilizar el acceso a esta ayuda y regular su aplicación desde el “principio de precaución” para que, ante una situación de impago, la empresa suministradora “deba informar necesariamente de la situación de vulnerabilidad del cliente antes de emprender cualquier acción”.

Medidas del decreto anticrisis

En el mes de marzo, el Ejecutivo cuantificó el plan anticrisis en 16.000 millones de euros, con 6.000 millones en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en una nueva línea de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, con este decreto se extiende el plazo de vencimiento de los ya aprobados y el plazo de carencia para sectores más afectados.

También contiene una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible repostado, extendida a todos los consumidores, y los 450 millones en ayudas directas. Otros sectores beneficiarios de ayudas son el agrario, el pesquero y la industria, una rebaja de peajes en la factura energética y la ampliación de compensaciones por los costes de emisión de dióxido de carbono (CO2).

A su vez, despliega una limitación temporal de las subidas del alquiler hasta el 2% y la limitación para despedir por causas objetivas por aumento de los costes energéticas para empresas que reciban ayudas públicas o se acojan a medidas extraordinarias de protección al empleo.

También se aumentó las cuantías en un 15% del ingreso mínimo vital, se extendieron los supuestos para acceder a los descuentos del bono social eléctrico, se prorrogaron otros tres meses más las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y se adoptaron medidas para acelerar el despliegue de instalaciones renovables y facilitar el autoconsumo, entre otras medidas.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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