La Audiencia de Madrid rechaza el criterio de la Fiscalía en la interpretación de la ley del sólo sí es sí

Sede de la Audiencia Provincial de Madrid.
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Los magistrados de las secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid han acordado este viernes aplicar la norma más favorable al condenado en relación con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí, de manera que se desmarca del decreto del Fiscal General del Estado.

Así ha trascendido tras la reunión celebrada entre los quince magistrados de las secciones de lo Penal de la audiencia madrileña, a la que han asistido otros jueces de forma voluntaria, como suele ser habitual en las reuniones de la Junta de Unificación de Criterio que se celebran cuando hay un cambio legislativo relevante. En total ha habido una treintena de jueces, han precisado fuentes jurídicas.

La mayoría ha votado por aplicar el criterio más favorable al reo, de manera que se desmarca del criterio dado recientemente por la Fiscalía y de los magistrados que han defendido la aplicación la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal, han explicado a EFE fuentes jurídicas.

Esa disposición transitoria establece que cuando la pena impuesta “sea también imponible” con arreglo a la nueva norma, es decir, entre dentro de la horquilla de penas contemplada, no tiene por qué revisarse.

¿Cuál es el criterio de la Fiscalía?

La Fiscalía General del Estado ha remitido a todos los fiscales un escrito ordenándoles que no se opongan a rebajar las penas a agresores sexuales siempre que estas estén dentro de la horquilla prevista para este delito en la ley del ‘sólo sí es sí’.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto para que los fiscales den “una respuesta uniforme” a las revisiones de condenas firmes suscitadas por la entrada en vigor de la conocida como ‘ley del solo sí es sí’, estableciendo que no se modificarán cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal. Este anuncio fue celebrado desde los departamentos de Igualdad y Justicia porque, apuntan, mantiene el espíritu de una norma que “sirve”.

Precisamente, el principal argumento esgrimido desde el Gobierno ante la tormenta de críticas que ha recibido Igualdad por las rebajas de condenas a agresores es el de la necesidad de que se produzca una unificación de criterios por parte del Tribunal Supremo.

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