El Atrato, en Colombia, un río con derechos vulnerados

Con el fin de garantizar la protección y descontaminación del río Atrato, en Chocó, Colombia, los magistrados de la Corte Constitucional lo declararon "sujeto de derecho". Seis años después de la sentencia, queda mucho por hacer.

En la región tropical del Chocó, en el noreste de Colombia, corren las aguas del río Atrato, caudalosas, majestuosas y muy sucias.

Las hélices de las embarcaciones se enredan en las bolsas de plástico que flotan río abajo del puerto fluvial de Quibdó. Las minas de oro escupen su mercurio en el río Quito y otros afluentes del Atrato.

“¿La sentencia T-622 del Tribunal Constitucional? Aquí todo el mundo la conoce”, dice José Adán Palacios, que transporta pasajeros y plátanos en su lancha. “Pero no ha cambiado nada. La contaminación continúa, ya sea por la minería, la deforestación o la basura", añade.

En 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derecho. Una primicia en Colombia. La decisión sentó un precedente: varios ríos y toda la Amazonía –que cubre el 42% del territorio colombiano– son ahora sujetos de derecho.

Maryuri Mosquera, de 39 años, es ingeniera agrícola y "guardiana" del Atrato. La sentencia de la Corte Constitucional designó a siete organizaciones locales como representantes legales del río, cada una de las cuales nombró a dos guardianes del río. Maryuri y sus colegas son responsables de garantizar la aplicación de la sentencia judicial. "Es una tarea un poco desalentadora", admite la mujer.

Los jueces han ordenado al Estado colombiano que descontamine el río, detenga la minería ilegal, garantice la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas y realice las pruebas toxicológicas y epidemiológicas necesarias.

"Para hacer todo esto, se necesita dinero y voluntad política", explica Maryuri. Ambos escasean en esta región pobre y descuidada del Chocó. Las comunidades del Atrato –medio millón de personas– son en su inmensa mayoría afrodescendientes o indígenas.

"Nadie se alimenta de petróleo ni de cobre”

El río Atrato nace a más de 3.000 metros de altitud, en la vertiente occidental de los Andes colombianos. "El agua aquí es cristalina", dice Ramón Cartagena, conocido como 'Moncho', señalando la cascada de La Calera que baja por la ladera verde de la montaña.

Diez kilómetros más abajo, el agua del arroyo, ahora llamado Atrato, se ha vuelto de un gris oscuro. “Solíamos venir aquí para almorzar en familia y para pescar", dice 'Moncho'. “Hoy en día, uno no quiere mojar la mano en el agua del río y mucho menos bañarse en ella”.

Moncho trabajó durante 16 años en la mina de cobre El Roble, la única que funciona debidamente autorizada en el Atrato. La operación fue asumida por los canadienses en 2013.

"El agua es esencial. Nadie se alimenta de petróleo ni de cobre", dice Ramón con un suspiro. "Pero la mina es el único empleador de la región”, remata. Ramón, que se convirtió en guardián del río "por deber cívico", ha recibido amenazas de muerte. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los lideres ambientales.

"¿Cómo es posible que una región tan rica sea tan pobre?"

El Chocó lleva más de tres siglos surtiendo maderas preciosas y oro. En las tiendas de la calle principal de Quibdó, pequeñas grameras esperan a los clientes en los escaparates. Aquí, los mineros artesanales de oro vienen a vender su escasa producción. “Trabajamos legalmente y solo compramos a los mineros tradicionales que tienen los certificados exigidos por el municipio para trabajar", dice uno de los comerciantes, que prefiere, sin embargo, permanecer en el anonimato.

"¿Cómo es posible que una región tan rica sea tan pobre?", se pregunta Berta, de 56 años, que vive en San Isidro, un caserío a orillas del río Quito, a una hora de distancia en barco de Quibdó. Agachada al borde del agua, zarandea su batea, buscando migajas de oro. "Antes, bebíamos el agua del río sin ni siquiera hervirla", dice.

Los habitantes de San Isidro son todos agricultores, pescadores y mineros. Berta está removiendo la tierra arrojada por la máquina oxidada que se ha averiado frente a las chozas de madera del pueblo. Los motores de otras dragas se oyen a lo lejos en el río, allá donde no van las lanchas de pasajeros: "Demasiado peligroso", explica el lanchero José Adán Palacios.

El oro que enriquece a élites locales y políticos corruptos es el principal recurso de los grupos armados que operan en el río. Estos trafican también armas y cocaína. “En todas las veredas que visitamos hay un grupo que domina", expone el padre John Jairo, que trabaja en el pueblo de Bete, río abajo de Quibdó. “En todas partes se sabe quién tiene el control y quién manda”. Jhon Jairo se cuida de no mencionar ningún nombre.

La Iglesia se mantiene discreta, aunque estuvo muy activa en la región durante las negociaciones de paz con las FARC y pretende mantener su papel de mediadora. El barco del episcopado es uno de los pocos que puede viajar "más o menos tranquilo".

Los sacerdotes, los profesores y los líderes de las comunidades étnicas intentan sensibilizar a los jóvenes sobre la causa ambiental y movilizarlos para apartarlos de la tentación de las armas y del riesgo de reclutamiento forzoso.

Las esperanzas se concentran en el nuevo Gobierno

Las FARC, desmovilizadas desde el Acuerdo de paz de 2016, fueron sustituidas en el terreno por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estas milicias, herederas de los paramilitares, terminaron imponiéndose en la región. En Quibdó y a lo largo del río, hay casas marcadas con las letras AGC.

“Las fuerzas armadas no lograron -o no quisieron- tomar el control de toda la región tras la salida de las FARC", dice un funcionario de Bete. "El Estado siempre nos ha abandonado”, resalta.

"El Atrato es la arteria vital que comunica, alimenta y da trabajo a toda la población. Es nuestra vida, pero está podrido, dice Feliciano Moreno, médico de Quibdó. Los problemas gástricos y las infecciones de la piel son comunes aquí. La minería del oro no es la única causa de contaminación”.

Por falta de vertederos municipales y de fosas sépticas en las aldeas, los residuos se vierten directamente en las aguas del rio. Más al norte, la ganadería y el cultivo intensivo de plátanos y palmeras también contribuyen a su contaminación.

Debido a la inoperancia del Estado, a la falta de articulación institucional y de sanciones, la aplicación de este plan se ha estancado

Al igual que José Adán, Maryuri o 'Moncho', el doctor Moreno espera mucho del nuevo Gobierno. El primer presidente de izquierda del país, Gustavo Petro, y su vicepresidenta, Francia Márquez, líder negra y ecologista, han priorizado el medioambiente y la transformación del modelo de desarrollo en su programa de Gobierno.

“Los retos son obviamente inmensos”, dice Rodrigo Rogelis de la asociación Siembra, que presta asistencia jurídica y política a los guardianes del río. “La sentencia de 2016 obligó al Estado a elaborar un plan de acción consultado con las comunidades. Eso representa un avance innegable. Sin embargo, debido a la inoperancia del Estado, a la falta de articulación institucional y de sanciones, la aplicación de este plan se ha estancado”.

Cuatro ministerios, dos departamentos, 26 municipios y un sinfín de organismos públicos deben actuar juntos y dialogar con las comunidades para salvar el río. “La situación sobre el terreno se ha deteriorado aún más en los últimos seis años", afirma Rogelis. La minería ilegal ha progresado y es de temer que la actual subida del precio del dólar y del oro empeore la situación.

Según las últimas cifras disponibles, 33.000 hectáreas están ahora afectadas por esta práctica devastadora para el medio ambiente, 5.000 más que en 2016.

Pilar García, que dirige el Departamento de Derecho Ambiental de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, comparte este sombrío diagnóstico. “La sentencia tiene un importante valor poético y simbólico", admite. "Pero no es declarando que la naturaleza tiene derechos que los jueces resolverán los problemas y transformarán el estado”. Al enfatizar que los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia se han inspirado en una decisión de sus pares de Nueva Zelanda, García concluye: “Lo que funciona en un país sin corrupción y sin contaminación real no funciona en Chocó”.