Así puede afectarte la nueva Ley contra el Fraude

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Aunque en España no existen datos oficiales, algunos organismos apuntan a que el fraude fiscal en España supera los 20.000 millones de euros. Algunos estudios, además, estiman durante los últimos veinte años se ha mantenido en cifras superiores al 20% del PIB.

El fraude fiscal es aún un problema sin resolver que tiene importantes consecuencias en la calidad del estado de bienestar. Se trata de una tramposa dinámica que merma los recursos del Estado y cuyos efectos se dejan notar de manera especial en situaciones como la actual, donde la pandemia ha forzado al uso de recursos públicos de una forma extraordinaria para proteger y reforzar ciertas actividades. Por este motivo, aunque con retraso, el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva ley contra el fraude fiscal.

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La ley reduce de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico para empresarios y autónomos con el fin de combatir la economía sumergida. Foto: Getty Creative.
La ley reduce de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico para empresarios y autónomos con el fin de combatir la economía sumergida. Foto: Getty Creative.

Esta semana, tras un largo retraso de 7 meses en su tramitación parlamentaria, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.

Pagos en efectivo

Una de las medidas que más pueden afectar a nuestro día a día es la restricción a los pagos en efectivo. La nueva ley ha reducido el límite con el fin de combatir la economía sumergida. De hecho, las actividades económicas irregulares suponen un gran coste para las arcas públicas. El Gobierno no ha descartado reducir ese límite incluso más en futuro para facilitar la eliminación gradual del pago en efectivo en nuestro país.

Por el momento, la norma reduce de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico para empresarios y autónomos, mientras mantiene en 2.500 euros el tope para particulares.

Ocultar ingresos

La Ley incorpora también medidas para combatir el fraude tributario ligado a las nuevas tecnologías y prohíbe, por primera vez, el denominado software de doble uso. Algunas empresas utilizan este software de doble uso de forma fraudulenta para esconder una segunda contabilidad paralela y, por tanto, declarar menos ingresos y pagar menos impuestos. La norma impone que los sistemas informáticos que se empleen en la contabilidad empresarial deberán contar con una certificación del Ministerio de Hacienda.

Criptomonedas

Los nuevos tiempos marcan la agenda y era necesario incluir a las criptomonedas en esta nueva ley, teniendo en cuenta su proliferación. Para reforzar el control, los contribuyentes que cuenten con monedas virtuales deberán informar de sus cuentas y sus saldos, tanto en España como en el extranjero.

Fomentar el cumplimiento voluntario

La ley pretende fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales moderando las penalizaciones. Así pues, a los contribuyentes que presenten fuera de plazo sus declaraciones de IRPF, IVA o impuesto de Sociedades, siempre que no hayan recibido un requerimiento de la Agencia Tributaria, se les reducirá el recargo, que pasa del 5% al 1%.

Proceso de enmiendas en el Congreso

Durante la tramitación del Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados se han incluido algunas enmiendas en el texto que ahora se envía al Senado. Así, en primer lugar, las Socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria) tributarán al 15% por sus beneficios no distribuidos.

Además, en lo que se refiere a las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), se refuerza su control mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tendrán que ser cien.

Más libertad a Hacienda

La nueva ley contra el fraude ofrece nuevos poderes a los inspectores de Hacienda. Las autorizaciones judiciales que deben solicitar antes de registrar el domicilio de un contribuyente se agilizarán, aunque siempre manteniendo las garantías judiciales.

La tendencia de investigación de delitos fiscales se encuentra a la baja, con un 85% menos de procedimientos abiertos en los últimos 10 años. Si queremos una sociedad más justa, parece lógico que se invierta en la contratación de técnicos de Hacienda y se revierta la situación.

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