Arranca el pleno del CGPJ para evaluar a Delgado como próxima fiscal general

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El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes (c), preside este jueves el pleno en el que evaluará la propuesta del Gobierno para nombrar fiscal general a la hasta este lunes ministra de Justicia, Dolores Delgado, una candidatura cuestionada por la oposición y buena parte de la carrera fiscal. EFE/Mariscal

Madrid, 16 ene (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado ya el pleno en el que evaluará la propuesta del Gobierno para nombrar fiscal general a la hasta ese lunes ministra de Justicia, Dolores Delgado, una candidatura cuestionada por la oposición y buena parte de la carrera fiscal.

Los vocales ya están reunidos para estudiar el informe en el que el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, ha realizado una propuesta "aséptica" a favor del nombramiento de Delgado, pero excluyendo términos como "mérito" o "idoneidad" con intención, según han precisado fuentes del Consejo, de facilitar que reciba el mayor consenso posible del pleno, con mayoría conservadora.

"A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los criterios exigidos por la legislación invocada", indica Lesmes en su propuesta.

Cuando este Consejo examinó a los tres anteriores candidatos a fiscal general del Estado, se reconocía también en el texto el "mérito" y la "idoneidad" de las propuestas.

Aunque el informe del CGPJ -preceptivo, pero no vinculante- se debe limitar a aspectos técnicos (ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión), la reunión del Consejo se prevé intensa, según auguran fuentes consultadas por Efe.

A la sesión de este jueves asisten 18 de los 21 miembros del Consejo dado que no han podido acudir los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, ambos procedentes del bloque conservador, pero participan 19, porque Pilar Sepúlveda, por su parte, intervendrá por videoconferencia.

El pleno tiene lugar un día después del primer choque entre el Poder Judicial y el Gobierno a raíz de unas declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que habló de la "humillación" de los tribunales españoles ante la justicia europea en la causa del "procés": el CGPJ pidió "mesura" para evitar la politización de la Justicia y el Ejecutivo respondió apelando a la "libertad de expresión".