Argentina inicia el proceso para la actualización tarifaria comprometida con el FMI

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Buenos Aires, 10 may (EFE).- Argentina inicia este martes el proceso formal para determinar una subida en las tarifas de los servicios de electricidad y gas, medida que apunta a bajar la carga de subsidios que afronta el Estado y que forma parte de los compromisos que el país suramericano asumió en marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los aumentos tarifarios en Argentina son autorizados por el Gobierno, pero requieren de la realización de audiencias públicas previas con la participación de las empresas y organizaciones de consumidores.

Como parte de este proceso, este martes se realiza la audiencia para tratar los nuevos precios del gas natural que regirán desde el 1 de junio próximo, mientras que el miércoles se abordarán los precios de referencia de la energía eléctrica a aplicarse también desde junio.

En tanto, el jueves se celebrará una audiencia pública para tratar cómo se implementará la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado nacional a los usuarios de los servicios de gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.

PRINCIPIO DE GRADUALIDAD

Según informó el Gobierno en abril último, cuando convocó formalmente a estas audiencias, el nuevo esquema tarifario se regirá por el "principio de gradualidad".

La totalidad de los beneficiarios que ya cuentan con una "tarifa social" (un precio diferencial para hogares de bajo ingresos) no serán alcanzados por un incremento durante este año en el caso del gas, mientras que para aquellos usuarios de electricidad de Buenos Aires y su periferia que cuentan con una "tarifa social" afrontarán un aumento de hasta el 6 % en promedio.

Por su parte, según lo adelantado por el Gobierno, el 10 % de los usuarios residenciales de los servicios de gas y de electricidad con mayores ingresos dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía.

En tanto, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -las dos empresas distribuidoras de electricidad que operan en la capital y su periferia- las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17 %, muy por debajo del índice de inflación del 65,1 % pronosticado para este año por consultores privados.

SEGMENTACIÓN EN EL GAS

En el caso del gas, la corrección promedio para la mayoría de los usuarios de todo el país se ubicará en el 21,5 %, con variaciones según las regiones.

Pese a estos cálculos de aumentos promedio, no todos los usuarios serán afectados de igual modo, ya que el Gobierno aplicará un criterio de segmentación a la hora de determinar los ajustes y que, en el caso de los usuarios residenciales, estará ligado a la evolución de los ingresos de los consumidores, medida a través del coeficiente de variación salarial.

En este sentido, según ha asegurado el Gobierno, "para el 90 % de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales, con el objetivo de proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios".

LA INFLUENCIA DEL FMI

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, defendió este lunes la necesidad de avanzar en esta segmentación y reducir la carga de subsidios que afronta el Estado.

"¿En qué país del mundo ha funcionado tener subsidios energéticos de tres, cuatro puntos del PIB?", se preguntó Guzmán, uno de los ministros más cuestionados por el kirchnerismo, el sector del peronismo gobernante liderado por la vicepresidenta del país, Cristina Fernández.

El ajuste tarifario forma parte de los compromisos asumidos por Argentina en el acuerdo sellado en marzo con el FMI para reestructurar deudas por unos 45.000 millones de dólares.

La medida está alineada con el objetivo de reducir los subsidios estatales a la energía (al 0,6 % del PIB en 2022) para mejorar la composición del gasto público y colaborar al cumplimiento de la meta de reducción gradual del déficit fiscal primario, desde el equivalente al 3 % del PIB en 2021, al 2,5 % este año.

El ajuste tarifario, sin embargo, podría tener un impacto negativo en la ya elevada inflación que padece Argentina.

(c) Agencia EFE

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