La aprobación del plan de recuperación de Polonia irá a los tribunales

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La controvertida decisión de aprobar el plan de recuperación postpandemia de Polonia, de un total de 35.000 millones de euros, ha llevado a un órgano decisorio clave de la UE, el Consejo de la Unión Europea, a los tribunales.

La demanda la han interpuesto cuatro asociaciones que representan a los jueces de Europa, que sostienen que la decisión del Consejo, formado por los ministros de los gobiernos de cada Estado de la UE, no restablece la independencia del poder judicial polaco y hace caso omiso de anteriores sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

También defienden que la aprobación financiera pone en riesgo a todo el bloque, dados los múltiples y complejos vínculos jurídicos entre todos los países de la UE. "Esta decisión perjudica a la judicatura europea en su conjunto y a la posición de cada uno de los jueces europeos", escribieron las asociaciones en un comunicado de prensa.

"Todos los jueces de cada Estado miembro son también jueces europeos, que deben aplicar el Derecho de la UE, en un sistema basado en la confianza mutua", aseguraron los jueces. La demanda se presentó ante el TJUE en Luxemburgo, que está facultado para revisar, y potencialmente anular, los actos legislativos de otras instituciones de la UE.

El recurso está respaldado por la Asociación de Jueces Administrativos Europeos (AEAJ), la Asociación Europea de Jueces (EAJ), Rechters voor Rechters (Jueces para Jueces) y Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), con el apoyo del grupo académico The Good Lobby Profs. Las cuatro asociaciones solicitan la anulación de la decisión del Consejo, adoptada en junio a partir de una recomendación de la Comisión Europea.

Polonia aún no ha recibido los fondos de recuperación de la covid-19 de Bruselas: el gobierno debe cumplir una serie de hitos acordados para cumplir con la legislación de la UE antes de obtener cualquier pago. El país ha solicitado 23.900 millones de euros en subvenciones y 11.500 millones en préstamos con bajos intereses del fondo de recuperación de la UE, de 750.000 millones de euros, creado en 2020 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno polaco no ha respondido por ahora a las demandas de Euronews. En el caso del Consejo de la Unión Europea, uno de sus portavoces se ha negado a comentar el procedimiento judicial en curso.

Hitos bajo escrutinio

El plan nacional de Polonia estuvo bloqueado durante más de un año ante las dudas sobre la independencia judicial en el país. La disputa entre Bruselas y Varsovia se encalló y aumentó la preocupación ante un posible "Polexit" jurídico.

La clave de la disputa era la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, que en 2019 estaba facultada para sancionar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, por hacer preguntas al TJUE y por verificar que otros tribunales son independientes e imparciales. Las posibles sanciones incluían multas, recortes salariales, suspensión y retirada de la inmunidad.

La cámara fue condenada inmediatamente por los partidos de la oposición, las asociaciones de jueces, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, que consideraron la reforma como una amenaza a la separación de poderes. Varsovia se defendió argumentando que el proyecto era necesario para eliminar los restos del régimen comunista, atajar la corrupción y mejorar la eficacia.

El TJUE concluyó que la cámara no era compatible con el derecho de la UE y pidió su desmantelamiento y la anulación de las suspensiones contra los jueces.

Cuando la invasión rusa de Ucrania empezó a afectar económicamente a todo el continente, Varsovia cedió y llegó a un acuerdo con Bruselas para deshacer las reformas y poder recibir gradualmente los fondos.

Según el acuerdo, deben cumplirse dos hitos principales antes de realizar cualquier pago:

- Reformar el régimen disciplinario de los jueces y sustituir su sala por un nuevo órgano.

- Revisar los casos de los jueces afectados por las sentencias de la cámara disciplinaria.

En cuanto a la primera exigencia, el gobierno polaco ya ha cerrado la cámara disciplinaria y ha creado su sustituta: la cámara de responsabilidad profesional. Expertos jurídicos y funcionarios de la UE han mostrado su preocupación por el órgano propuesto y sus deficiencias. "Esta nueva ley no garantiza que los jueces puedan cuestionar la situación de otro juez sin arriesgarse a ser objeto de una infracción disciplinaria", dijo en julio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El segundo hito, la revisión de casos, también es polémico.

El TJUE había solicitado previamente la anulación de la mayoría de las decisiones adoptadas por la sala, petición de la que se hizo eco la presidenta von der Leyen, quien insistió en que la reincorporación de los jueces ilegalmente despedidos era una condición clave.

Pero el acuerdo final entre Bruselas y Varsovia diluyó esta exigencia y la convirtió en una simple revisión de los casos, que puede llevar o no a la eventual restitución de los jueces.

La revisión puede tardar hasta 12 meses en completarse, lo que significa que Polonia recibirá probablemente los dos primeros tramos de los fondos de recuperación -y quizá incluso el tercero- mientras los jueces siguen bajo los efectos de una sala considerada incompatible con la legislación de la UE.

La Comisión Europea negoció un hito adicional para garantizar que la revisión judicial se lleve a cabo de acuerdo con las normas legales de la UE, pero la disposición no se activará hasta el último trimestre de 2023.