La aplicación de la ley del consentimiento sexual española obliga a revisar condenas a la baja

La aplicación de la ley aprobada por el Parlamento español este pasado verano, que considera delito todo acto sexual realizado sin el consentimiento de la otra persona, ha puesto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el ojo del huracán.

Todo porque la conocida como ley del "solo sí es sí" aunque refuerza la seguridad de las mujeres, ha provocado una cascada de revisiones a la baja de las condenas a algunos delincuentes sexuales, actualmente en prisión.

La ministra, Irene Montero, responsabilizaba de la situación a la interpretación que hacen los tribunales.

"Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de los operadores jurídicos tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes", señalaba Montero.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial español, Rafael Mozo, respondía: "Debo de resaltar que tenemos un plan de formación excelente, y muy principalmente en estas materias contra la violencia de género".

El caso es que las rebaja de algunas condenas es consecuencia del nuevo redactado de la ley porque unifica el abuso y la agresión sexual, y la horquilla de penas para algunos de los delitos va desde los cuatro hasta los 12 años de cárcel, y antes era desde los seis hasta los 12 años de prisión.

De momento, el Gobierno de coalición de izquierdas ha cerrado filas, no se plantea modificar el texto, y espera que sea el propio Tribunal Supremo español la instancia que pueda fijar una doctrina clara para evitar la puesta en libertad de delicuentes sexuales.

La oposición conservadora ha exigido "responsabilidades" a los ministerios de Igualdad y Justicia por las consecuencias de la aplicación de esta ley.