Anulada una indemnización de 1.350 millones por paralizar un proyecto gasífero

Entrada del Tribunal Constitucional, en Madrid

El Tribunal Constitucional español anunció este viernes haber anulado una indemnización de 1.350 millones de euros que debía recibir una filial del grupo constructor ACS (Amsterdam: SR6.AS - noticias) por la paralización de un controvertido proyecto de almacenamiento de gas submarino.

La indemnización, decretada por el gobierno español en octubre de 2014, debía ser pagada por el grupo de transporte de gas Enagás a la compañía que había recibido la concesión del proyecto llamado Castor, Escal UGS, propiedad al 66,7% de ACS.

Luego, Enagás tendría que ser reembolsada durante treinta años por el "sistema gasista", lo que significaba que los consumidores acabarían pagando la factura.

El proyecto a 1.700 metros bajo el nivel del mar y a 22 kilómetros de la costa este española fue paralizado después de que las primeras inyecciones de gas en 2013 causaran centenares de pequeños sismos, desatando protestas de asociaciones ecologistas y habitantes de la zona.

Pero los jueces del Tribunal Constitucional consideraron que "las razones de urgencia" esgrimidas por el gobierno para frenar el proyecto por decreto no se aplicaban para fijar los términos de la indemnización.

Esta debería ser fijada por "una norma con rango de ley para atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista", señaló el fallo.

En mayo pasado, el gobierno español anunció que renunciaba definitivamente al proyecto Castor, tras recibir informes encargados a universidades que no descartaban la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos de operar la instalación.

El gobierno reaccionó en un comunicado estimando que el tribunal "no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido", y añade que el ministerio de Energía "adoptará las medidas oportunas cuando estudie en profundidad la sentencia del Tribunal Constitucional".

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