Anticorrupción archiva su investigación sobre el contrato del hermano de Ayuso

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Photo: Carlos Luján/Europa Press via Getty Images)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Photo: Carlos Luján/Europa Press via Getty Images)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Photo: Carlos Luján/Europa Press via Getty Images)

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación que abrió para dilucidar si hubo delito en el contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y por el que habría cobrado 55.000 euros, según reconoció la propia dirigente regional, aunque fuentes de su Ejecutivo llegaron a hablar de 280.000.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha adoptado esta decisión en un decreto en el que señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en ese proceso de adquisición de mascarillas y en el que destaca que Ayuso “no ha intervenido en el procedimiento” porque el Consejo de Gobierno “no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid”.

El fiscal considera que las denuncias sobre el hermano de Ayuso "no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas"

Archiva por tanto la investigación en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, si bien no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, “en escrupuloso respeto” de las competencias de la Fiscalía Europea, que mantiene abiertas sus pesquisas.

La Fiscalía no sólo no ve indicios de delito en el contrato, sino que afirma que la “hipótesis delictiva” planteada por los denunciantes respecto a la presidenta regional “se fundamentaba en una secuencia de hechos” de la que “no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo” ni de su “responsabilidad”.

Y tampoco en relación a su hermano, quien, en su declaración del pasado 6 de abril, ofreció “una explicación coherente sobre su intervención” en la venta de mascarillas, un relato que “no queda ensombrecido por las hipótesis” de los denunciantes, que “no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas” ni “permiten avanzar” en “una tesis inculpatoria”.

Luzón ve “transparente” el proceso de “facturación, el pago y el cobro de la comisión”, fruto de su “trabajo” para Priviet, que consistía en “añadir valor al proceso comercial de esta empresa”, y descarta que haya indicios de que intentase “conseguir” de la Comunidad de Madrid “un trato de favor” para la citada empresa o que facilitase “algún contacto con funcionarios públicos”.

Considera Luzón que el proceso de "facturación, pago y cobro de la comisión" fue "transparente" y fruto de su "trabajo", descartando "un trato de favor" de la Comunidad de Madrid

El fiscal explica que la comisión que percibió corresponde, por un lado los 175.000 euros por los trabajos realizados para Priviet en relación a diferentes ofertas, y por otro los 59.203 del “bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid”.

Y aclara: aunque el hermano de la presidenta haya percibido una comisión fruto de su relación comercial con Priviet, para que esta empresa tuviera prohibido contratar con la Comunidad, éste debería ser administrador o accionista de más del 10% y tener un conflicto de intereses con el órgano de contratación, que -insiste- no es ni Isabel Díaz Ayuso ni su Consejo de Gobierno.

Subraya además que el departamento encargado de la contratación desconocía la relación del hermano de la presidenta con la empresa, como prueba que en los correos que se intercambiaron, Tomás Díaz Ayuso figuraba “en copia oculta”, de modo que su asesoramiento a la mercantil “fue desconocida por los funcionarios” que tramitaron la oferta.

A la hora de analizar el contrato, el fiscal tiene en cuenta la situación de emergencia que se vivía al inicio de la pandemia y la “casi dramática necesidad de adquirir mascarillas”, pero también deja claro que esto no puede amparar comportamientos irregulares o delictivos propiciados por “adquisiciones fallidas o fraudulentas, que deberán ser objeto de investigación”.

Ayuso: “En la Comunidad de Madrid no hay corrupción”

Tras enterarse en pleno debate en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha asegurado que “en la Comunidad de Madrid no hay corrupción” ni “ha habido corrupción”.

“No he tomado una sola decisión, desde que soy presidenta, para ayudar a un solo familiar o amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños. Ya van 20 veces que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la justicia ha dicho que son todo falsedades”, ha agregado.

Los 55.800 euros de Tomás

La adjudicación de un contrato sanitario a Priviet Sportive, empresa propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la familia de Ayuso, fue la chispa que hizo estallar la guerra abierta en el PP entre la Puerta del Sol y la dirección nacional del PP, que acabó con la marcha de Pablo Casado como líder del partido en sustitución de Alberto Núñez Feijóo.

Porque de ese contrato, Tomás Díaz Ayuso habría percibido una comisión, que según la presidenta madrileña fue de 55.800 euros pero que según sospecha el PP podría ascender a los 286.000.

Ayuso explicó a través de un comunicado que su hermano habría cobrado tras conseguir de China las 250.000 mascarillas por las que se adjudicó dicho contrato, sin explicar cuál fue entonces la labor de la empresa que se llevó la adjudicación ni las otras tres facturas que, según indicó ella misma, había emitido Tomás a la empresa de su amigo.

“No es una comisión por obtener el contrato de la Administración”, quiso aclarar, “es una contraprestación por su trabajo”, dijo entonces Ayuso.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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