Anboto afronta un nuevo juicio tras su último acuerdo con la Fiscalía

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Madrid, 14 nov (EFE).- La histórica exdirigente de ETA Soledad Iparaguirre, Anboto, se enfrenta este lunes a su noveno juicio en la Audiencia Nacional acusada de ordenar un atentado en Álava en 1996, y lo hace después de que en su anterior procedimiento alcanzase un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptó 15 años de prisión.

Anboto vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados dos meses después de aquel acuerdo de conformidad, con el que reconoció la acusación que pesaba contra ella: haber ordenado el asesinato del rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997.

Aquel pacto con la Fiscalía es un ejemplo de la tendencia observada en diversos miembros de la banda terrorista que también han alcanzado conformidades en los últimos meses en la Audiencia Nacional.

En esta ocasión la Fiscalía -que entonces rebajó de 27 a 15 años de prisión su petición de pena- acusa a la exdirigente de ETA de haber dado indicaciones al comando Kattu para atentar en 1996 contra el Palacio de Justicia de Amurrio (Álava), entonces en construcción, una acción enmarcada en una estrategia de "atentados contra el aparato de justicia de España".

Unos hechos por los que el ministerio público pide 15 años de prisión para ella al considerarla inductora o cooperadora necesaria de un delito de estragos terroristas.

Anboto, que puso la voz junto a Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, del comunicado que anunció la disolución de ETA en 2018, acumula largas condenas desde que fue entregada por Francia el 4 de septiembre de 2019, tras cumplir allí pena, para responder por doce causas abiertas.

Esta es la novena, en la que, de acuerdo al escrito de conclusiones de la Fiscalía, se le acusa de indicar el objetivo del atentado, en el que no hubo víctimas, y de proporcionar el material explosivo a los dos miembros del comando, Kepa Arronategui y Eneko Gogeaskoetxea, ambos ya condenados por estos hechos.

Los dos, prosigue el ministerio fiscal, confeccionaron el artefacto explosivo en un caserío de EA (Bizcaia) y lo trasladaron a la localidad de Amurrio, donde lo colocaron en la parte trasera del edificio donde está ubicado el Palacio de Justicia el 30 de noviembre de 1996.

El objetivo era "causar cuantiosos daños en las personas y las cosas que de forma permanente u ocasional se hallaran en el lugar elegido". Dieciocho minutos después de su colocación, sobre las 1:18 horas, se produjo la explosión, que ocasionó daños tasados en 6.085 euros.

Un año después, en octubre de 1997, cuando Kepa Arronategui fue detenido, las autoridades policiales registraron el caserío donde se confeccionó el artefacto y allí hallaron "gran cantidad de material explosivo y útiles para confeccionar artefactos que no habían sido utilizados", procedentes de las entregas de material que Anboto proporcionó a los miembros del comando, concluye la Fiscalía.

(c) Agencia EFE

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