Alu Ibérica alega que "no hay pruebas" para la intervención que aboca al cierre

·2 min de lectura

A Coruña, 19 jul (EFE).- Alu Ibérica ha presentado un documento de consideraciones ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el que solicita que se deniegue la medida de administración judicial de la empresa, que "no es proporcionada, idónea ni pertinente", porque "no hay prueba alguna" de delitos y abocará al cierre de las plantas.

En nombre de Iberian Green Aluminum Company SL, el documento al que ha tenido acceso Efe sostiene, tras la celebración de la vista de medidas cautelares convocada para resolver sobre la petición de modificación del régimen de intervención judicial, que "no hay en esta causa prueba alguna de los delitos imputados en la querella" a las sociedades de este grupo.

"No puede en consecuencia adoptarse una medida cautelar tan gravosa, dañina y desproporcionada como es la administración judicial", añade el documento, que subraya que "no hay indicios ni prueba alguna de descapitalización ni de insolvencia" y, además, "se ha aportado prueba de lo contrario", apunta.

Sostiene también que las alegaciones de los sindicatos de "falta de credibilidad y confianza de los administradores actuales", además de no haber sido probadas no se permiten en el ordenamiento jurídico español para adoptar una medida cautelar que implica "privación tan radical de las facultades de administración".

Lo "único" que se produjo, aduce, "fue un caso de asistencia financiera en la compra de las plantas" y que "la financiación se restituirá en virtud del contrato firmado y se aportará aval al respecto", lo cual "no constituye delito alguno".

Finalmente, avisa de que "la medida de administración judicial va a comportar la muerte de la vida de las plantas, su cierre definitivo, con irreversibles consecuencias para el empleo y la actividad económica", ya que "nadie va a querer suministrar ni operar con un administrador judicial en las plantas".

"Ello las va a colocar en situación de cierre, que es precisamente lo que el proceso judicial debería evitar. Y todo ello por una querella espuria de los sindicatos", zanja.

El pasado junio, este juzgado citó a las partes involucradas en el conflicto de Alu Ibérica para una comparecencia con el objetivo de decidir el posible cese de los gestores de las plantas tras un informe presentado por los interventores.

El pasado 4 de mayo se conocía el auto dictado por este mismo juzgado que decretaba la intervención judicial de la empresa por constatarse "diversas irregularidades en la venta" e indicios de "descapitalización".

(c) Agencia EFE

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios puedan establecer conexiones en función de sus intereses y pasiones. A fin de mejorar la experiencia de nuestra comunidad, hemos suspendido los comentarios en artículos temporalmente