Algo no encaja en las donaciones que pide el Cabildo de La Palma

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Yulian Alonso tiene 33 años de edad y es una de las víctimas del volcán. (Foto: Kike Rincon/Europa Press via Getty Images)
Yulian Alonso tiene 33 años de edad y es una de las víctimas del volcán. (Foto: Kike Rincon/Europa Press via Getty Images)

El Cabildo de La Palma ha habilitado una cuenta para aquellos que quieran donar dinero a las víctimas del volcán. Esta idea, que lleva dos días recorriendo los medios digitales y las redes sociales, ha alimentado un escepticismo que es inevitable. Se puede dar por hecho que las intenciones del Gobierno local son buenas y que los fondos serán repartidos de una manera apropiada, incluso se puede argumentar que es mejor canalizar las donaciones por la vía oficial para evitar la mala fe de los estafadores, sin embargo, la desconfianza a esta iniciativa- ya sea por antecedentes o por una cuestión de responsabilidad de Estado- es más que legítima.

La España solidaria existe y tiene ganas de echar un cable de la mejor manera que pueda. Las imágenes y las historias de los vecinos de la isla ponen los pelos de punta y no es difícil sentirse identificado con su dolor. El sesgo de proximidad hace su trabajo y la gente busca la mejor manera de contribuir para mejorar la situación de los evacuados -asegurados o no- que lo han perdido todo. Luego llegan los filtros.

Algunos tienen muy reciente cómo, en la Comunidad Valenciana, el Gobierno del Partido Popular saqueó los fondos de la campaña de donaciones puesta en marcha tras el terremoto de Haití en 2010. Así lo confesó el exconsejero valenciano, Rafael Blasco, a cambio de una reducción de su codena y de una rebaja en la multa que debía pagar. Se trataron de alrededor de cuatro millones de euros que nunca fueron destinados a la construcción de un hospital en el país caribeño. Por decirlo suave: los políticos se aprovecharon de la solidaridad de los valencianos para llenarse los bolsillos. Ni las víctimas en La Palma ni los donantes tienen ganas de que les tomen el pelo, sino de que las ayudas sean fiscalizadas y repartidas de manera justa y eficiente.

Una mujer evacúa ante la llegada de la lengua de lava en La Palma. (Getty Images)
Una mujer evacúa ante la llegada de la lengua de lava en La Palma. (Getty Images)

Si los antecedentes contribuyen al escepticismo de algunos, la responsabilidad de Estado también alimenta el recelo. Con su iniciativa, el Cabildo de La Palma da por hecho que las ayudas privadas serán necesarias, más cuantiosas o llegarán antes que las públicas. No sólo eso, cada uno de los donantes o no se planteará o asumirá que apenas habrán fondos estatales o llegados desde Europa que impacten directamente en las víctimas. Damos por sentado que el Estado no protegerá de la manera adecuada a los afectados y que la única manera que hay para paliar sus pérdidas es la de virar al modelo estadounidense y alejarse del español. 

Se pone así en duda la manera de aplicar el primer artículo de la Constitución española: “España es un Estado social y democrático de derecho”. Entendiendo por Estado social a aquél que por medio de la ley se obliga a sí mismo a proteger y a promover la justicia social y el bienestar de todos sus ciudadanos. Un Estado social es el que está ahí por y para nosotros en los momentos de necesidad, que de obligaciones ya andamos sobrados los ciudadanos. Incluso el concepto de Estado de bienestar, lo que es España, viene a significar a groso modo que la sociedad tiene la expectativa de que éste les apoye siempre, que de esfuerzos comunes tampoco nos quedamos cortos.

Una mujer evacúa ante la llegada de la lengua de lava en La Palma. (Getty Images)
Una mujer evacúa ante la llegada de la lengua de lava en La Palma. (Getty Images)

Que le pregunten a las víctimas del terremoto en Lorca, Murcia, ocurrido en 2011 cómo ha sido el calvario que han pasado desde que se les prometieron las ayudas hasta que las recibieron. Las trabas administrativas y burocráticas, el excesivo papeleo, las continuas presentaciones de facturas, las amenazas de embargo para devolver el montante de las compensaciones más los recargos… El Estado social no lo pone tan fácil. Incluso fue necesario orquestar un decreto-ley para agilizar los pagos a los damnificados, pero al final, muchos de ellos tardaron años -y los hay que siguen envueltos en procedimientos- en recibir parte de lo suyo. Según el real decreto 307/2005, la ayuda máxima por destrucción total de la vivienda para atender a situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica asciende a 15.120 euros.

El Cabildo de La Palma es una administración pública que está pidiendo donaciones privadas. La contradicción es total y aunque la intención sea buena, hay un sabor amargo en esta petición. Cuantas más ayudas mejor, aunque, ¿acaso no debería de ser suficiente con lo que hay en las arcas del Estado? ¿No debería ser el Estado el que agilice una gestión digna? Tanto el Gobierno local, como los donantes y las víctimas del volcán sospechan que el Estado social no lo será tanto en su caso, al menos a corto plazo, y que las trabas burocráticas ralentizarán un proceso arduo para las víctimas. Las ayudas se quedarán cortas en muchos casos y, como sociedad, cada vez nos acercamos más a ese modelo Gofundme de solidaridad personalizada. Esto hasta que se demuestre lo contrario. 

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