Agentes no aclaran las dudas de las defensas sobre el origen de la causa de los CDR

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Madrid, 20 jun (EFE).- Seis agentes de la Guardia Civil han declarado en la Audiencia Nacional sobre los pormenores de su investigación a presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo, si bien las defensas consideran sus explicaciones insuficientes para aclarar el origen de las pesquisas.

El juez Manuel García Castellón ha tomado declaración en calidad de testigos a los seis agentes por orden de la Sala de lo Penal, que estimó un recurso de uno de los procesados y le instó a que interrogase a los investigadores.

Durante su declaración, los agentes han justificado que no pueden dar todos los detalles de la investigación al estar secreta parte de la causa y también han indicado que, debido al paso de los años, no recuerdan todos los pormenores sobre los que le preguntaban las defensas, según indican a Efe fuentes jurídicas.

Sí que han asegurado que la investigación se realizó siguiendo las órdenes del juez y que fue acorde a la legalidad, y han negado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participase en las pesquisas o les diese alguna orden o directriz.

A preguntas de las defensas, han admitido que existe una investigación que data de 2017, dos años antes de que se iniciase esta pieza relativa a los presuntos sabotajes y acciones violentas desplegadas por los investigados como respuesta a la sentencia del "procés" catalán en 2019.

Sin embargo, según las fuentes, no han podido precisar cuántas personas estaban investigadas, de modo que las defensas no han logrado despejar sus dudas acerca del origen de esta investigación, que cuestionan ampliamente.

Precisamente las defensas, del colectivo Alerta Solidària, pidieron el año pasado la nulidad de la causa al alegar que estaba vinculada a una investigación judicial previa, abierta en 2017, circunstancia que, sostienen, les ha causado indefensión porque no han tenido acceso.

En septiembre de 2021 el magistrado propuso juzgar a trece investigados por un delito de pertenencia a organización terrorista, al que sumó otro de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista para nueve de ellos. Sin embargo, el pasado mes de marzo archivó la causa contra uno de ellos por problemas de salud.

Fueron detenidos en septiembre de 2019 en la llamada Operación Judas y se les atribuye pertenecer a una facción radicalizada de los CDR que planearon supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales, en respuesta a la sentencia del "procés".

(c) Agencia EFE

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