Tras más de 34 mil capturas, Gobierno salvadoreño amplió la vigencia del régimen de excepción

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una segunda extensión de 30 días para el régimen de excepción, con lo que la suspensión de los derechos fundamentales de la población salvadoreña permanecerá en vigencia hasta el 25 de junio, dando vía libre a las autoridades para continuar capturando, sin derecho a la legítima defensa, a personas que, a criterio de las fuerzas de seguridad, sean sospechosas de pertenecer a pandillas.

El régimen de excepción continuará un mes más en El Salvador como medida para capturar a los presuntos pandilleros que estarían detrás del pico de violencia homicida registrado en el mes de marzo en la nación centroamericana.

Durante los primeros dos meses de implementación de este estado excepcional, más de 34 mil personas fueron capturadas por supuestos vínculos con dichas estructuras criminales. Al respecto, el diputado del partido oficialista, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), celebró el éxito de la medida y señaló la necesidad de extenderla “hasta que las capturas se completen con los 70.000” integrantes de pandillas que se reportan en el país.

No obstante, solo durante el primer mes de implementación del régimen, organizaciones defensoras de derechos humanos han documento más de 300 denuncias de violaciones a derechos humanos, de las cuales, un 70% hace referencia a capturas arbitrarias.

Si bien el Gobierno de Nayib Bukele asegura que las personas detenidas son “pandilleras, o cómplices de estos grupos criminales”, sus familiares confirman que los arrestos fueron llevados a cabo sin orden judicial y sin investigación.

Tras el primer mes bajo el régimen de excepción, más del 60% de los detenidos tenían menos de 30 años

Al cierre del primer mes del régimen de excepción, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que un 61% de las personas capturadas rondan entre 18 y 30 años, y que un 4% corresponde a menores de edad, entre los 12 y 17 años; mientras que las personas liberadas únicamente alcanzaron el 0,6% en relación a las detenciones.

Asimismo, las autoridades han reconocido la muerte de 11 personas bajo custodia penitenciaria, entre ellos el de William Galeas. Su hermano, Juan Carlos Galeas, relata que la última vez que vio a William “fue ese día (de la captura) por la mañana y casi un mes después lo veo, pero no en las condiciones que yo quería, nos parte el alma a toda la familia”.

En ese sentido, la organización de familiares de detenidos “Los Siempre Sospechosos de Todo” hizo un llamado de atención sobre la crisis humanitaria dentro de los centros penitenciarios por el alto nivel hacinamiento, debido a que los recintos ya han superado el 100% de su capacidad.

Amnistía Internacional pidió a Bukele "poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos"

A finales de abril, Amnistía Internacional solicitó a Nayib Bukele tomar “todas las medidas necesarias para poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del régimen de excepción, y que diseñe estrategias de seguridad pública que garanticen los derechos fundamentales”. Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló, durante un evento de 'Bloomberg' en Panamá, que "el Estado debe asegurar la seguridad y la justicia, pero cumpliendo con las leyes de derechos humanos".

El régimen de excepción fue establecido como reacción ante un alza en homicidios adjudicados a pandillas que dejó un saldo de 87 muertes entre el 25 y 27 de marzo de este año.

Recientemente, el periódico digital 'El Faro', publicó una serie de audios de un funcionario del Gobierno de Bukele que sugieren que los asesinatos respondían a una ruptura de un supuesto acuerdo entre el gobierno y la pandilla MS-13.

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