Más de 2.000 desplazados en el oeste de Colombia por la presencia del Clan del Golfo

Los afectados "pertenecen a seis comunidades indígenas en el río Dubasa y dos afrocolombianas en el corregimiento Apartadó y Bocas de León", así como "presentan restricciones a la movilidad y acceso a bienes, servicios y medios de vida", según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE/Adaya González/Archivo

Bogotá, 1 dic (EFE).- Más de 2.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en una zona rural del departamento colombiano del Chocó (oeste), fronterizo con Panamá, por la presencia y accionar del Clan del Golfo, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y es la principal banda criminal de Colombia.

Así lo informó este domingo la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que detalló en un informe que hace seguimiento desde el pasado 18 de noviembre a este desplazamiento masivo en el municipio del Alto Baudó que ha afectado a 2.160 personas de 448 familias.

Según el organismo, las víctimas hacen parte de 19 comunidades indígenas y afrocolombianas que han llegado a Pie de Pató, la cabecera municipal del Alto Baudó, así como a los caseríos de Apartadó y Catrú Central.

La OCHA también señaló que tras una misión de verificación realizada por la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de esa localidad se constató que hay 680 personas confinadas por la presencia del Clan del Golfo, que nació de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

La información agregó que los afectados "pertenecen a seis comunidades indígenas en el río Dubasa y dos afrocolombianas en el corregimiento Apartadó y Bocas de León", así como "presentan restricciones a la movilidad y acceso a bienes, servicios y medios de vida".

La alcaldesa del Alto Baudó, Carmen Londoño, pidió desde el mes pasado ayuda humanitaria inmediata "ante la magnitud de la emergencia", pues señaló "que no cuenta con los recursos suficientes para la respuesta decretando la calamidad pública desde el 18 de noviembre", explicó la OCHA.

El pasado 25 de noviembre, una decena de líderes sociales del Chocó advirtieron del recrudecimiento de la crisis humanitaria en ese departamento colombiano y de "la violación sistemática de los derechos humanos", pese a las denuncias que han hecho al Gobierno del presidente Iván Duque desde hace varios meses.

Así lo aseguraron las diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina-Tadó, así como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y la Mesa Indígena del Chocó, durante la presentación en Bogotá de su tercer informe sobre la situación humanitaria en esa región fronteriza con Panamá.

En el documento, los líderes de esas comunidades resaltaron el reclutamiento de jóvenes, el confinamiento, el desplazamiento y el aumento de los cultivos ilícitos como los principales problemas del Chocó.

De igual forma, señalaron que durante este año se han registrado 803 amenazas, 5.561 casos de confinamiento y 4.091 más de desplazamiento forzado, según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV).