Más de 102.000 empresas han reducido su potencia energética durante la crisis

Madrid, 14 may (EFE).- Más de 102.000 autónomos y empresas se han acogido a la reducción de potencia energética contratada a raíz del estado de alarma por el coronavirus, mientras que cerca de 14.200 han solicitado la suspensión temporal del contrato de suministro, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Durante su intervención en la Comisión del Congreso, la titular del departamento, Teresa Ribera, ha destacado las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger al tejido productivo, y ha destacado que, en la crisis actual, el acceso al agua y la energía "debían mantener un servicio de calidad y disponibilidad suficiente para cualquier hogar y empresa".

En este sentido, se ha referido al bono social, una ayuda en la factura de la luz de la que disfrutan más de 1,3 millones de usuarios y a la que ahora pueden acogerse los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERTE) y los autónomos que hayan cesado actividad o reducido sus ingresos en más de un 75 %.

Más de 7.000 profesionales han solicitado el bono social bajo este supuesto y unos 2.300 ya son beneficiarios, apunta el Ministerio, que subraya que esta ayuda ha ampliado su cobertura a más 25.900 nuevos hogares.

La vicepresidenta cuarta también ha recordado la prórroga automática hasta el próximo 15 de septiembre del bono a todos los beneficiarios a los que les vencía antes de dicha fecha, medida de la que, estima, 70.000 hogares se benefician cada mes.

Asimismo, se han mantenido vigentes los precios máximos de venta, antes de impuestos, de la bombona de butano, establecidos el pasado enero, lo que beneficiaría a 5,5 millones de consumidores.

Por su parte, se calcula que alrededor de 1,6 millones de personas se benefician con la tarifa de último recurso (TUR) de gas, que sólo se ha permitido revisar a la baja.

Mención aparte ha dedicado la ministra al suministro garantizado de agua "a todos los usuarios, calculando que el impacto de los beneficiarios significa entre 25 y 30 millones de euros mensuales sobre la facturación de los proveedores".

Sobre la desescalada, Ribera ha insistido en que la "prudencia y seguridad sanitaria" es la premisa más importante de un plan que se apoya en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea.

De este modo, ha asegurado que si bien esperan que el proceso "vaya siempre en la misma dirección", en caso de producirse un rebrote, "habría que actuar de forma inmediata y dar marcha atrás en la desescalada", por lo que "tenemos que estar preparados para lo que ocurra".

En este contexto de incertidumbre, ha aludido al papel fundamental de la Comisión de Reconstrucción de cara a la recuperación económica.

"El frenazo a la economía, la hibernación, nos obliga a anticipar un impacto duro, pero si el 'Plan Marshall' ayudó a Europa tras la Segunda Guerra Mundial y el 'New Deal' a Estados Unidos en la Gran Depresión, podemos hacer un plan de reconstrucción ambicioso", ha aseverado Ribera, que ha defendido que el futuro plan se deberá asentar en la transformación digital y abordar el cambio climático.

Esta circunstancia, ha concluido, "exige trabajar" en la sostenibilidad del sistema energético, impulsar las energías renovables, dar más prioridad a aspectos estratégicos y potenciales como el hidrógeno, la eólica offshore o el biogás, y trabajar en la movilidad urbana, actual "centro de debate" en el que "el temor al contagio plantea graves desafíos".

(c) Agencia EFE