Gorriarán juzga elevada su cuantía y no ve tolerable que sean compatibles con retribuciones privadas
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) abogará este martes en el Pleno del Congreso por la necesidad de poner límites a las pensiones de las que disfrutan los expresidentes del Gobierno, con la clara intención de extenderlos en el futuro a los ministros y altos cargos autonómicos.
El portavoz adjunto de UPyD y encargado de la defensa de la proposición no de ley que el partido llevará al Pleno, Carlos Martínez Gorriarán, ha explicado a Europa Press que el objetivo de su iniciativa no es otro que limitar en el tiempo las prerrogativas de los exmandatarios y hacer incompatible el cobro de su pensión pública con retribuciones procedentes de la empresa privada.
Se trata de una iniciativa que Rosa Díez ya planteó la pasada legislatura y que, según Martínez Gorriarán, podría extenderse en el futuro a las pensiones que reciben los exministros, los expresidentes autonómicos o los exconsejeros.
Para el 'número dos' de UPyD, este tipo de pensiones son "muy elevadas" y además debería regularse "con claridad" las incompatibilidades porque "nadie debería recibir a la vez retribuciones públicas y privadas". "No es tolerable", sostiene.
La limitación de las pensiones públicas, tanto su cuantía como su incompatibilidad con retribuciones privadas, llega al Pleno del Congreso apenas días después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una reforma laboral para todos los trabajadores que, entre otras cuestiones, rebaja las indemnizaciones de los despidos improcedentes (de 45 a 33 días) y las limita en el tiempo (hasta un máximo de 24 meses).
ES UN ASUNTO DE SALUD PÚBLICA
Con este panorama en el horizonte y con la actual situación de crisis, Martínez Gorriarán ve más que necesario analizar "a fondo" el vigente régimen de incompatibilidades porque, según ha dicho, lo que está en juego es el "prestigio" de la política y del sistema democrático. "Se trata de un problema de salud pública", ha apostillado.
La proposición no de ley de UPyD defiende que las facilidades económicas y de medios que se dan a los expresidentes, a cuya lista se ha 'apuntado' recientemente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dejen de tener carácter vitalicio, aunque no establece un plazo concreto para que los que fueron presidentes del Gobierno puedan disfrutar de ellas.
En el texto, UPyD recuerda que en 1983 el primer el Estatuto de los expresidentes del Gobierno les atribuyó prerrogativas para los cuatro años siguientes a su cese, pero que, en 1992, éstas se ampliaron hasta el final de sus vidas, sin limitación alguna.
Los exinquilinos de la Moncloa tienen asignados unos 15.000 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles y, desde 2008 pueden convertirse en consejeros natos y vitalicios del Consejo de Estado y cobrar por ello.
80.000 EUROS AL AÑO
Además, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, perciben, como lo hará a partir del próximo ejercicio José Luis Rodríguez Zapatero, tienen garantizada una pensión de alrededor de 80.000 euros al año cada uno que pueden compatibilizar con los ingresos y rendimientos que obtengan como consejeros o asesores de empresas privadas u otros derechos de contenido patrimonial.
Para UPyD, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas "descansa en el principio de transparencia en la gestión de los fondos públicos", de forma que sea posible conocer, controlar y evitar en su caso la percepción simultánea de retribuciones públicas y privadas, "susceptibles de ser consideradas como claramente abusivas, especialmente en la actual situación de grave crisis económica y altísima tasa de desempleo".
Por todo ello, el partido de Rosa Díez quiere que en un plazo de dos meses el Gobierno presente un proyecto de ley regulador del estatuto de los expresidentes del Gobierno que, "sin perjuicio de la consideración y respeto que han de merecer las personas que hayan desempeñado dicho cargo", establezca un límite temporal a las prerrogativas concedidas al cesar del mismo, así como el régimen de incompatibilidades entre retribuciones o derechos de contenido patrimonial procedentes de fondos públicos con los derivados de su actividad profesional de carácter privado.
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