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Desde que el movimiento 25 S, Ocupa el Congreso, comenzó su andadura allá por el mes de julio, siempre ha existido el temor entre parte de la opinión pública ante la posibilidad que este martes se produzcan disturbios e incidentes en las calles de Madrid. Lo cierto es que la Plataforma ¡En Pie!, organizadora, nunca ha dicho que pretenda entrar en la Cámara por la fuerza, sino que solo quiere formar una especie de cordón humano alrededor de la misma para protestar contra el sistema político vigente.
Sin embargo, el Gobierno no se fía y la Delegación en Madrid ha prohibido cualquier acercamiento al lugar preparando un fuerte dispositivo policial. Además, los manifestantes más radicales pueden terminar en la cárcel.
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En concreto, el Artículo 494 del texto jurídico contempla la posibilidad de una pena de seis meses a un año de prisión para aquellos que promuevan, presidan o dirijan manifestaciones u otra clase de reuniones ante la Sede del Congreso, al igual que sucede en el Senado, siempre y cuando alteren su normal funcionamiento.
Las penas, además, se incrementarían hasta los 3 o 5 años en caso de invadir con fuerza, violencia o intimidación estas mismas cámaras, según el Artículo 493. En este sentido, la Audiencia Nacional ya ha imputado a ocho personas por indicios de delito con motivo de la convocatoria de protesta, que tendrán que declarar el próximo 4 de octubre.
Los activistas siempre han mantenido que su protesta será pacífica (aunque sí animan a la desobediencia civil), pero temen detenciones en masa y una actividad policial más agresiva y disuasoria de lo normal, más aún tras las declaraciones de varios miembros del Gobierno: la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado, por ejemplo, que maneja informes policiales en la que se contempla cómo entre los convocantes hay miembros de ideologías cercanas al nazismo que van con intenciones poco pacíficas. Mientras tanto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha comparado el 25 S con el Golpe de Estado de Tejero del 23-F. Los ánimos, por lo tanto, llegan caldeados, a pesar de que finalmente Cifuentes ha autorizado los actos reivindicativos y ha reconocido el derecho de reunión.
Ante todos estos antecedentes (a los que hay que sumar la detención el pasado 15 S de dos miembros de la agrupación por llevar una pancarta reivindicativa del 25 S), el movimiento ha publicado en su blog una serie de indicaciones legales para aconsejar a los manifestantes en caso de ser detenidos. Entre ellas, por ejemplo, nos encontramos con qué hacer para solicitar el ‘Habeas Corpus’ (cuando se cree que la detención es injusta), o los pasos a seguir en caso de agresión policial. El escrito, además, recomienda no prestar nunca declaración en las dependencias policiales.
