Mariano Rajoy, acompañado por Sáenz de Santamaría y Ruiz-Gallardón. EFEDel nacimiento de la democracia a nuestros días son muchas las cosas que han cambiado. Para bien y para mal. Pero hay una cosa que se ha mantenido vigente año tras año aunque en los tiempos modernos en España, de acuerdo con la Ley de 18 de junio de 1870, pasa bastante desapercibida. Se trata de los indultos.
Y no será porque se practican poco porque el Gobierno de Rajoy ha concedido solo en los primeros 6 meses del año 247. Casi tantos como José Luis Rodríguez Zapatero en todo su último año al frente del Gobierno.
Para ser justos hay que decir que los números del actual presidente del Gobierno están lejos de su exjefe, José María Aznar, quien en el año 2000, en el inicio de su segundo mandato, aprobó 1.731 medidas de gracia de este tipo.
Viendo estas cifras a uno se le antoja como errónea la calificación que desde Moncloa se realiza a esta práctica. Porque algo que se realiza casi a diario no se ajusta a "una práctica marcadamente excepcional", y que "solo se lleva a cabo en muy concretas circunstancias".
En la realidad posiblemente no sea por casos controvertidos con la Justicia. Las páginas de sucesos últimamente están demasiado repletas de delincuentes que hurtan simplemente para poder comer y, en el peor de los casos, dar de comer a su familia.
Personas sin trabajo, desahuciadas y sin recursos para seguir tirando hacia adelante. Pero sorprendentemente no son estos los casos que más abundan en la lista de indultos gubernamentales.
Precisamente en esa lista suelen encontrarse otro tipo de malhechores. Sin ir más lejos, en este 2012 han sido indultados, entre otros, Josep María Servitje, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Jordi Pujol que fue condenado por prevaricación y desvío de fondos públicos, así como a cuatro Mossos d'Esquadra juzgados por torturas.
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Junto a ellos figuran varios e ilustres empresarios relacionados con la corrupción. Antes de abandonar Moncloa, Zapatero firmó la propuesta del entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobando 8 indultos a personas que desempeñaban cargos de alta responsabilidad en sus respectivas firmas.
Entre los agraciados, el actual consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz y los exdirectivos de Banesto Miguel Ángel Calama Teixeira y Rafael Jiménez de Parga, condenados en 2010 por falsas acusaciones. Poco importó que el propio Supremo informara en contra de esta medida de gracia, la decisión y las razones son secretas en la actual ley.
Junto a ellos también han estado en esa lista Aniceto Martín y Nicolás Valero de Bernabé. Los dos pertenecen al grupo de 12 directivos de la firma Azucarera Ebro que fueron condenados a penas que oscilaban entre los nueves meses y los diez años por falsedad documental y fraude en las ayudas que habían recibido de la Comisión Europea. El delito debió ser gordo ya que, junto a la pena, fueron condenados a una multa de 27 millones de euros.
Va a ser que, hasta para ser indultado, siempre ha habido clases.