Este sábado 1 de septiembre los inmigrantes 'sin papeles' se quedan sin cobertura médica. Concretamente, serán más de 150.000 los inmigrantes irregulares que perderán su tarjeta en una medida con la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros (poco más del 3% del total de la deuda de la Sanidad).
De esta manera, desde el sábado los inmigrantes ilegales tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Nada más. A partir de ahí ya entran las condiciones. Por ejemplo, Sanidad se compromete a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración.
[Relacionado: El PP recuerda que los inmigrantes irregulares se tienen que ir de España según la Ley de Extranjería]
Tanto a ellos, como a los europeos no asegurados, se les ofertará una póliza si quieren cobertura sanitaria completa, unos 710,40 euros anuales -59,20 al mes- o 155,40 mensuales para los mayores de 65 años, si bien la medida aún está siendo debatida.
Eso en la teoría. Porque en la práctica País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña ya han anunciado que, en contra de la ley, seguirán atendiendo a los inmigrantes en situación irregular. En otros lugares ha habido protestas similares a nivel ciudadano, aunque los políticos no retarán al Gobierno.
Es el caso de Almansa, en Castilla-La Mancha. Allí el edil portavoz del Partido Independiente del municipio albaceteño —cuyo apoyo permite gobernar al PP- ha respondido en las últimas fechas con peinetas y cortes de manga a los ciudadanos que se manifestaban en contra de los recortes en Sanidad. Una imagen -reproducida en el vídeo que encabeza este post- muy gráfica que resume el sentir de las ONGs de ayuda a inmigrantes ante la Administración.
Todo para cuadrar las cuentas. En Valencia directamente ya se han extendido facturas. Los hospitales Arnau de Vilanova y La Fe de Valencia han hecho públicos los datos de filiación con su número de DNI o NIF de 532 enfermos morosos que fueron atendidos en esas instalaciones sanitarias
Entre los médicos también hay cierto malestar y diversidad de opiniones. Cerca de 2.000 profesionales ya se han acogido a la objeción de conciencia para dar cobertura a estas personas mediante su inscripción en un registro de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, si bien otras muchas organizaciones sanitarias rechazan el decreto y amenazan con no cumplirlo.
Los facultativos de Urgencias y Emergencias han advertido que estos servicios se colapsarán cuando los indocumentados solo tengan esta vía para resolver una enfermedad común.
[Más: El Ayuntamiento de Valencia se interesa por tus hemorroides y tu regla antes de contratarte]