El presidente de la Generalitat, Artur Mas (i), y el conseller de Economía, Andreu Mas …La Generalitat de Catalunya ya no tiene liquidez para pagar todos sus gastos. En las últimas horas ha tenido que reconocer públicamente que no puede pagar las facturas correspondientes a este mes de julio por los conciertos y subvenciones a las entidades que prestan servicios sociales. Cantidades destinadas a residencias de ancianos, centros de discapacitados o de drogodependientes.
El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, se ha reunido con representantes del sector social y la patronal de los servicios sociales para confirmarles que la Generalitat no podrá pagar hasta el próximo mes. ¿A cuánto asciende la deuda? ¿Qué número de perjudicados hay? No se sabe, o por lo menos el señor Cleries no ha querido facilitar esos datos.
[Relacionado: La Generalitat tiene mejor salud que la Sanidad catalana]
Aunque para eso está la otra parte afectada en la historia. En un comunicado, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales asegura que unas 100.000 personas se pueden quedar sin nómina este mes, y que entre ellas hay 2.500 trabajadores sociales que atienden a colectivos vulnerables. La falta de liquidez se debe, como en muchos otros casos, al despilfarro realizado en algunas áreas, a la mala gestión de otras y a gastos desorbitados en otras tantas.
Esta misma semana se ha conocido que el Govern catalán dedicará en 2012 cerca de 250 millones de la Administración pública para financiar una parte de TV3 y el resto de medios autonómicos de Cataluña. Cifras que se repiten en otras comunidades como Madrid o Valencia y que sirven para tapar los agujeros que la gran mayoría de corporaciones audiovisuales regionales generan anualmente.
A estos gastos superfluos, si se comparan con gastos sanitarios y de servicios sociales, hay que añadir el de las embajadas. Según ha confirmado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, Madrid, Cataluña y el País Vasco son las únicas comunidades autónomas que hasta ahora no han manifestado al Gobierno su voluntad de integrar sus oficinas comerciales en el exterior en la red estatal. Embajadas que, en el caso catalán, suponen 33 millones de euros al año.