El ex presidente del CGPJ, Carlos Dívar. EFEResulta curioso lo de las indemnizaciones. Si la pasada semana salía a la luz la que cobraría Urdangarin en caso de que Telefónica revocara su nuevo y suculento contrato -por cierto hay rumores fundados de que el sueldazo millonario del yerno del rey ha repercutido en la salida de un buen porcentaje de clientes de la operadora- hoy nos topamos con la de Carlos Dívar. Sí, el mismo que se pegaba fines de semana de tres y cuatro días a cargo del dinero público con la excusa de mantener una reunión de una hora, dar charlas de dos horas o mantener cenas de trabajo. ¿Y con quién? Pues según Dívar se trata de encuentros de "carácter reservado" y, por lo tanto, por muy públicos y oficiales que fueran, no podemos saber nada de ellos.
El ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), obligado a dimitir por sus gastos injustificados -esos que llamó "miseria" y que ascienden a más de lo que ingresan muchas familias en un año- está cerca de recibir un empujoncito para su jubilación anticipada. Si los 20 vocales que forman el pleno del CGPJ ratifican el informe de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, Dívar tendrá derecho a percibir mensualmente el 80% de sus retribuciones durante un plazo máximo de dos años.
[Relacionado: ¿Por qué no dimite Dívar?]
Eso asciende a 8.670 euros al mes -208.080 en total- de dinero público que, esta vez, no tendría que justificar. A su vez a esta cantidad habría que sumar su pensión de jubilación, que le corresponde por su condición de magistrado jubilado desde el pasado 31 de diciembre, y que el expresidente del Tribunal Supremo se encargó de tramitar en enero.
Al final la jugada le va a salir redonda porque él mismo presentó un escrito en el Consejo, cuatro días antes de que su dimisión fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado, para que el CGPJ le reconociera una pensión indemnizatoria prevista en la ley 74/80.
Estos movimientos están siendo vigilados de cerca desde la Asociación de Jueces para la Democracia donde aseguran que la indemnización puede ser legal, pero en ningún caso aceptable.