Fiscalía pide 49 años de prisión para siete acusados de delitos de prostitución y contra los derechos laborales

El Fiscal solicita una pena total de 49 años de prisión para siete acusados de delitos de prostitución y contra los derechos de los trabajadores al captar a mujeres de nacionalidad extranjera para que ejercieran la prostitución en Oviedo. El juicio se celebra el martes 10 de noviembre en el Penal 4 de Oviedo. Seguir leyendo el arículo

Según recoge el escrito de la Fiscalía, los acusados se aprovechaban de la "penuria económica" de las mujeres y las obligaban a prostituirse para así sufragar la deuda que contraían con uno de los acusados, A.G.N., que les adelantaba el dinero para los gastos de su traslado a España.

Los acusados A.G.N., varón de 40 años de edad; M.S.E.R., mujer de 37 años; R.A.C., hombre de 51 años de edad; V.R. varón de 37 años; I.L. hombre de 35 años de edad; J.C.C.B, hombre de 53 años; y J.L.A., mujer de 53 años, se enfrentan cada uno a penas de cuatro años de prisión y multa de 3.000 euros por delito contra los derechos de los trabajadores, y de tres años de cárcel y multa de 4.800 euros por delito de prostitución. Asimismo, deberán indemnizar con 6.000 euros por daños morales a las seis mujeres víctimas de dichos delitos.

Por el contrario, se ha decidido el sobreseimiento provisional de las acusaciones a O.L.G., A.A.; M.A.F.F., y M.M.V.G. una mujer y tres hombres, por entender que "en su actuación no hay, en principio, indicios de infracción penal".

En la narración de los hechos se indica que el acusado A.G.N. es administrador único de una empresa hostelera de la que es socia su esposa y acusada M.S.E.R., y que dicha empresa tiene por finalidad el ejercicio de la prostitución en diferentes locales.

Los acusados, que se dedicaban a la captación de mujeres extranjeras para obligarlas a ejercer la prostitución, las sometían a condiciones laborales "inaceptables" ya que las mujeres debido tanto a la deuda que se les reclamaba, como a las múltiples multas que debían abonar a A.G.N., como consecuencia de conductas que a él le parecían "inadecuadas", "no llegaban prácticamente a percibir dinero alguno por su actividad, vigilándolas y controlándolas hasta completar la suma que se les reclamaba impidiéndoles abandonar voluntariamente el local en que trabajaban".

Así padecieron esta situación, entre los años 1999 y 2000, la ciudadana polaca B.B.; la ciudadana letona A.P.; y las ciudadanas brasileñas Z.M.G, S.S.S.O., E.G.S., y S.F.D.S.