PP denuncia el "sectarismo" de la Fiscalía en el uso de pruebas y critica que Conde-Pumpido no acuda al Congreso

El PP denunció hoy la "inconstitucionalidad, desproporción en las medidas y el sectarismo en la utilización de las pruebas" del 'caso Gürtel' realizado por parte de la Fiscalía y criticó la "elusión de las responsabilidades" por parte del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por escudarse "en notas de prensa" y no comparecer ante el Congreso. Seguir leyendo el arículo

El partido liderado por Mariano Rajoy respondió así a la Fiscalía Anticorrupción, que esta mañana calificó de "injustificado y no tolerable" afirmar que los fiscales del caso han separado de las comunicaciones intervenidas algún fragmento para perjudicar el derecho de defensa del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

En este sentido, la dirección nacional del PP señaló que los fiscales del caso tendrán que explicar ante los tribunales competentes el "sectariosmo" que han realizado en la utilización de las pruebas. "La Fiscalía ha creado una situación denunciada por el Consejo General de la Abogacía en la que cualquier español sometido a la acusación pública padece una clara inseguridad jurídica respecto de la seguridad de sus comunicaciones con sus abogados", alegaron.

Asimismo, tras "condenar" las "reitaradas incomparecencias" de Conde-Pumpido ante el Congreso y su "elusión de responsabilidades a través de notas de prensa", el PP emplazó al titular de Justicia, Francisco Caamaño, a responder a una interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno del Congreso al respecto "por ser el responsable como órgano de relación del Gobierno con la Fiscalía".

Desde 'Génova' también se denunció la justificación de la interceptación de las comunicaciones de los abogados que se ha realizado desde la Fiscalía Anticorrupción, que defendió que en las grabaciones realizadas a Francisco Correa, presunto cerebro de la trama, y sus abogados primaron "excepcionalidad y prudencia".

Para el PP, este hecho supone un "grave atentado al Derecho Constitucional de Defensa "que no tiene justificación en legalidad ni mandamiento judicial posible". "Con ella, se cercenan derechos de los detenidos y la dignidad profesional y el libre ejercicio del defensor", concluyó.