Reclaman financiación pública para los tratamientos que ayuden a dejar de fumar

El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Juan Ruiz Manzano, reclamó ayer que los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar cuenten con financiación pública en todas las comunidades autónomas. La petición se llevó a cabo durante la presentación de un documento de consenso elaborado en colaboración con la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas. Seguir leyendo el arículo

Ruiz afirmó que el tabaquismo no es un hábito, sino una enfermedad crónica. Es un problema "alarmante y prioritario" porque afecta a un 30% de la población de más de 16 años y es la primera causa de muerte prevenible en el país, con 54.000 muertes al año, señaló el presidente de la Separ.

Los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar son "eficaces, seguros y con una excelente relación coste-efectividad", aseguró por su parte el coordinador del área de Tabaquismo de la Separ, Carlos Jiménez. Un tratamiento, que dura unos tres meses y tiene un coste de 241 euros, aumenta las probabilidades de éxito de un 5% a un 40%, apuntó. Jiménez lamentó que tan sólo un 4% de los fumadores que intentan dejar el tabaco recibe el tratamiento médico adecuado.

El coordinador del área de Tabaquismo de la Separ estimó que hasta un 20% de fumadores se animaría a abandonar el tabaco si recibiera financiación para adquirir sustitutos de la nicotina como chicles, parches, o pastillas de bupropion y vareniclina. Por ahora, Cataluña dispone de planes de financiación selectivos, dirigidos a estudios o programas piloto llevados a cabo en algunos centros de salud.

Sobre la rentabilidad de la inversión, señaló que el Sistema Nacional de Salud gastó 3.919 millones de euros en 2003 para atender a los afectados por las seis principales dolencias asociadas al tabaquismo (asma, enfermedades coronarias, cáncer de pulmón, bajo peso al nacer, ictus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Jiménez añadió que el gasto se triplica si se tienen en cuenta los costes indirectos, como pérdida de productividad, absentismo laboral y pagos en seguros de vida. Entre el 75% y el 90% de la inversión se podría recuperar en un plazo de 10 años, según un estudio reciente.