El embajador de los Estados Unidos Robert J. Callahan tuvo que ser protegido por la Policía Nacional al salir el viernes de una universidad en donde estudiantes y simpatizantes del partido gobernante que protestaban en su contra le lanzaron petardos. Seguir leyendo el arículo
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Rodeado por sus escoltas y policías antimotines, el embajador salió ileso pero tuvo que ser introducido apuradamente a su auto para abandonar la Universidad Centroamericana por la parte trasera, mientras manifestantes con los rostros cubiertos con pañuelos lanzaban petardos y bloqueaban el tránsito, según imágenes mostradas por el Canal 63 de la televisión local.
Desde la víspera, unos 300 simpatizantes sandinistas arremetieron contra la embajada de Estados Unidos para protestar el pronunciamiento en que hizo Callahan criticó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que con un fallo permitiría la eventual reelección del presidente Daniel Ortega.
El diplomático consideró que la actuación de la Sala fue indebida y precipitada.
Los protestantes en la víspera vandalizaron la sede diplomática estadounidense, en donde rompieron los rótulos del consulado con mazos, trataron de romper las verjas de hierro que rodean el edificio y se llevaron y destruyeron los separadores con los que forman senderos para ordenar la fila de aspirantes a visas.
La Cancillería afirmó el jueves que consideraba "inadmisible la intervención de los Estados Unidos en asuntos de orden interno y en decisiones soberanas de las instituciones del Estado nicaragüense".
El Movimiento Vamos con Eduardo (MVCE), del liberal Eduardo Montealegre condenó "enérgicamente" en un comunicado los ataques contra la embajada.
Mientras tanto, siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia, afines al opositor partido Liberal Constitucionalista, emitieron un comunicado en el que rechazan "de forma total y absoluta" la sentencia que abre la posibilidad de reelección de Ortega pues, según ellos, "no tiene valor jurídico, y por lo tanto, no genera ningún efecto legal".
La Corte Suprema está integrada por 16 magistrado, pero los sandinistas tienen ocho. Por un acuerdo político de la década pasada los puestos en la Corte y otras instituciones del estado se los reparten el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el PLC.




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